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Entre Ríos: la Fiscalía de Paraná abre una investigación penal contra el psicólogo conocido como "Doctor Chinaski"

El caso abre un debate sobre los límites éticos en la relación entre profesionales de la salud mental y sus pacientes, así como sobre las responsabilidades que competen a las instituciones educativas frente a denuncias o comportamientos que puedan configurar situaciones de abuso o acoso.

La Fiscalía de Paraná decidió iniciar una investigación penal de oficio contra el psicólogo Javier Pérez, más conocido en redes sociales como "Doctor Chinaski", tras la difusión de una entrevista en la que realizó declaraciones de fuerte contenido sexual vinculadas a su práctica profesional y a su rol como docente universitario.

Pérez fue profesor en la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

En un video que se viralizó en redes sociales, el profesional expresó frases como "siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio… Más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar", lo que generó un repudio generalizado tanto dentro como fuera del ámbito académico.

Ante la repercusión pública, la fiscal adjunta de Paraná, Mónica Carmona, dispuso la apertura de una investigación penal para determinar si las declaraciones y los relatos que surgieron en redes sociales podrían estar vinculados con conductas delictivas, tales como abuso de poder o acoso sexual, en el marco de su desempeño como docente.

En paralelo, la Facultad de Humanidades de la UADER emitió un comunicado oficial recordando la existencia de un protocolo institucional vigente desde 2016 para la actuación frente a situaciones de violencia y discriminación, e informó que se inició una información sumaria interna para esclarecer posibles responsabilidades dentro de la casa de estudios.

El caso abre un debate sobre los límites éticos en la relación entre profesionales de la salud mental y sus pacientes, así como sobre las responsabilidades que competen a las instituciones educativas frente a denuncias o comportamientos que puedan configurar situaciones de abuso o acoso.

Mientras la justicia avanza en la etapa preliminar de la investigación, desde diversos sectores del ámbito académico y profesional se reclama una revisión profunda de los mecanismos de control y prevención de este tipo de conductas.

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