En La Plata se desata una controversia que involucra a la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata y el Autódromo "Roberto Mouras", en medio de maniobras que parecen violar flagrantemente la normativa vigente.

Documentos oficiales, junto con material fílmico y fotográfico, señalan que las autorizaciones para las competencias automovilísticas se han tramitado sin cumplir lo exigido por la Ley 12391 y la Resolución 1/2005, lo que pone en jaque tanto la seguridad de los asistentes como el resguardo de fondos públicos.

La Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (CoPAM), encabezada por Leandro Lurati y adscrita al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, se encuentra en el centro de la polémica.

Según la documentación obtenida, la CoPAM habría actuado en complicidad con la Dirección de Habilitaciones y la Secretaría de Control Urbano y Convivencia del municipio, representada por funcionarios como María Sol Gutiérrez y Víctor Hortel.

Estas acciones habrían facilitado la realización de competencias organizadas por el Automóvil Club La Plata SA, bajo la fiscalización de la ACTC, presidida por Hugo Mazzacane, quien es señalado como autor intelectual de estas maniobras.

La situación se agrava aún más cuando se considera la participación de reconocidas autoridades como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Gobierno Carlos Bianco y el intendente platense Julio Alak, quienes, según la denuncia, han permitido o ignorado estas irregularidades.

La implicación de estos funcionarios públicos suscita serias dudas sobre la transparencia y el compromiso con la legalidad, además de abrir la puerta a acusaciones de delitos tales como falta a los deberes de funcionario público, adulteración de documentación, abuso de autoridad, malversación de fondos y, en un contexto aún más alarmante, homicidio culposo agravado.

El Autódromo "Roberto Mouras", propiedad de sociedades anónimas ya observadas por la Justicia Penal y el Fisco por incumplimientos fiscales por millones de pesos, se convierte en el epicentro de este conflicto.

Con antecedentes de dos muertes en el predio, la omisión en el cumplimiento de las normativas no solo constituye un riesgo para quienes participan en las competencias, sino también para los espectadores y la comunidad en general, que podrían verse afectados económicamente y en términos de seguridad.

Este informe pone en relieve la urgente necesidad de una investigación exhaustiva y de tomar medidas correctivas que garanticen el respeto a la ley, la transparencia en la gestión pública y, sobre todo, la protección de la vida y los recursos de los bonaerenses y platenses.