Una serie de denuncias puso bajo cuestionamiento el funcionamiento del instituto de menores de Batán dirigido por Juan Antonio Capel y reclama una investigación urgente por parte del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Los señalamientos incluyen presunta venta de drogas, robos entre trabajadores, irregularidades con guardias y una denuncia penal vinculada con el supuesto abuso sexual de un joven alojado.

Según la información aportada, las situaciones se habrían profundizado desde la llegada de Marcela Vallina y José Luis Zerillo a responsabilidades vinculadas con la conducción del área. Uno de los episodios denunciados involucra a un trabajador de cocina acusado de comercializar estupefacientes dentro del establecimiento.

De acuerdo con esa versión, el empleado no habría sido apartado preventivamente, sino trasladado a otro sector. Algo similar habría ocurrido con una trabajadora acusada de sustraer dinero y teléfonos celulares de sus compañeras, quien presuntamente pasó del área de cocina a tareas de limpieza.

Otro punto que se reclama investigar son transferencias realizadas por familiares de jóvenes alojados hacia cuentas asociadas a teléfonos de asistentes. Los denunciantes plantean que esos movimientos podrían estar vinculados con la entrega irregular de productos o sustancias, algo que requiere ser determinado mediante documentación y una investigación formal.

En paralelo, Capel promocionaría la venta de perfumes árabes mediante sus estados personales de WhatsApp. Esa actividad no constituye por sí misma un delito, aunque los cuestionamientos apuntan a determinar si se desarrolla durante su horario laboral, involucra a trabajadores bajo su dependencia o interfiere con sus funciones.

Los denunciantes reclaman preservar cámaras y registros de ingreso, analizar las transferencias señaladas y disponer una investigación administrativa independiente. También solicitan que cualquier elemento que pueda evidenciar un delito sea puesto a disposición de la Justicia.

Las acusaciones difundidas todavía deben ser corroboradas mediante documentación, testimonios y actuaciones administrativas o judiciales. El material aportado tampoco incluye respuestas de Capel, Vallina, Zerillo ni de las autoridades provinciales mencionadas, cuyo derecho a efectuar descargos deberá ser garantizado.