Una ola de muertes y graves infecciones en hospitales de todo el país puso en el centro de la escena al fentanilo clínico producido por HLB Pharma y Laboratorio Ramallo.

Las autoridades sanitarias y la Justicia investigan una serie de lotes vinculados a la presencia de bacterias multirresistentes que habrían causado decenas de fallecimientos entre pacientes internados por otras patologías y que recibieron el analgésico o anestésico afectado.

Las cifras oficiales y las notas periodísticas más recientes elevan el número de víctimas confirmadas y sospechosas, y describen un caso que ya es considerado uno de los peores incidentes sanitarios recientes en el país.

Según los documentos regulatorios y los comunicados oficiales, el producto afectado, identificado como FENTANILO HLB (citrato de fentanilo), lote 31.202, fue prohibido por la ANMAT y se ordenó su inmovilización, prohibición de uso y retiro del mercado.

Los análisis realizados por autoridades sanitarias hallaron en muestras bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, microorganismos capaces de provocar infecciones graves en pacientes hospitalizados.

La distribución de ampollas a distintos centros asistenciales permitió que el fármaco llegara a numerosas unidades de terapia intensiva antes de que se dispusiera el bloqueo y la investigación.

En el centro del escándalo aparece Ariel García Furfaro, señalado mediáticamente como propietario o referente de HLB Pharma Group SA y con vinculaciones a Laboratorios Ramallo SA.

Investigaciones periodísticas y expedientes regulatorios registran antecedentes de irregularidades, retiros de productos y sumarios administrativos por "desvíos de calidad" en lotes anteriores, además de clausuras parciales en plantas vinculadas a la cadena productiva.

Al mismo tiempo, hay documentación que indica gestiones de la empresa para acceder a certificaciones y permisos para producir otros medicamentos.

La causa judicial se fue profundizando a medida que los resultados epidemiológicos y los peritajes aportaron coincidencias entre los pacientes afectados y las ampollas utilizadas.

La investigación, con decomisos, allanamientos y medidas cautelares, incluyó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para varios involucrados; además, se identificaron a numerosas personas y directivos vinculados a la cadena de producción y distribución como sujetos de interés en la causa.

De la misma manera, crecen las preguntas sobre por qué avisos y antecedentes regulatorios previos no habrían evitado la llegada del lote contaminado a centros de salud.

Desde el entorno empresarial, Ariel García Furfaro negó responsabilidad por un saboteo o adulteración externa y dio entrevistas públicas en las que afirmó que "alguien dejó" las bacterias en el fármaco, al tiempo que fue protagonista de confrontaciones con periodistas y familiares de víctimas.

En los medios también se registraron declaraciones de familiares de pacientes que reclaman explicaciones y responsabilidad penal y civil para quienes proveen insumos críticos al sistema de salud.

El hecho abrió un debate político y técnico sobre los controles regulatorios y la trazabilidad de productos farmacéuticos: organizaciones periodísticas y verificadoras de datos han señalado sumarios y alertas previas en los laboratorios implicados, y la ANMAT publicó comunicados para aclarar y corregir informaciones que circularon sobre el caso mientras avanza la investigación.

Las autoridades sanitarias nacionales y la Justicia federal continúan con peritajes, declaraciones testimoniales y auditorías para establecer la cadena de responsabilidades y evitar que se repitan fallos de control sobre insumos críticos para pacientes hospitalizados.

La causa sigue abierta y en desarrollo. Los pasos siguientes dependerán de las pericias microbiológicas y documentales (que deben reconstruir la trazabilidad de las ampollas, los procedimientos de manufactura y las responsabilidades en la distribución) y de las decisiones que adopte el fuero que investiga para definir imputaciones y sanciones.

Mientras tanto, hospitales y clínicas extreman protocolos y los familiares de las víctimas exigen respuestas claras y sanciones ejemplares.