En el corazón de la industria petrolera estadounidense se esconde un titán que ha amasado fortuna a costa de guerras, derrames y escándalos millonarios.

Hablamos de Halliburton, la compañía fundada en 1919 y con sede en Houston, Texas, que actualmente controla contratos globales de perforación, fractura hidráulica ("fracking") y servicios logísticos para las fuerzas militares de Estados Unidos.

Sin embargo, detrás de su fachada de "proveedor indispensable" se ocultan múltiples controversias: desde contratos sin licitación durante la Guerra de Irak hasta responsabilidad directa en el desastre ambiental del Golfo de México.

¿El "socio" favorito de Washington... O su "socio sospechoso"?

Uno de los capítulos más sucios en la relación entre Halliburton y la Casa Blanca comenzó cuando Richard Cheney (ex CEO de Halliburton entre 1995 y 2000) se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos (2001-2009).

Pese a ocupar un cargo público, Cheney siguió cobrando jugosos dividendos de su antigua compañía, lo que despertó acusaciones de conflictos de interés descarados. ¿Cómo confiar en que las decisiones sobre invasiones y contratos estén libres de intereses privados, cuando el vicepresidente tiene intereses económicos en la empresa beneficiada con miles de millones de dólares?

Bajo la administración de George Bush, Halliburton vio despegar sus ganancias gracias a contratos adjudicados a su filial KBR (Kellogg Brown & Root) sin pasar por licitación. Ese "trato preferencial" le permitió facturar a las arcas públicas cifras estratosféricas por servicios logísticos en Irak: suministros de agua caliente, comidas precocidas, mantenimiento de bases y transporte de combustible.

Sin embargo, investigaciones del Senado y del Departamento de Justicia revelaron en 2007 facturas infladas por millones de dólares por servicios no prestados: comidas que nunca llegaron a los soldados y vehículos sobrantes que jamás se usaron.

Fractura hidráulica y el infame "Halliburton Loophole"

Si la relación con la Casa Blanca levantó cejas, la política ambiental de Halliburton desató ira en comunidades rurales de Estados Unidos.

Durante la década del 2000, aprovechando un recoveco legal bautizado como "Halliburton Loophole", la compañía logró que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no fiscalizara sus recetas químicas en el proceso de fracking.

De este modo, Halliburton mantuvo en secreto los compuestos tóxicos inyectados en pozos de gas y petróleo, muchos de ellos potencialmente cancerígenos.

Comunidades en Pensilvania, Texas y Dakota del Norte denunciaron contaminación de acuíferos, derrames de metano y explosiones de pozos que dejaron pozos de agua aceitosa y campos de cultivo inutilizables.

El saldo: testimonios de familias enfermas, demandantes anonadados por gigantescas facturas hospitalarias y, por supuesto, contratos que seguían llenando los bolsillos de la petrolera mientras Washington cerraba los ojos.

Deepwater Horizon: ¿Culpable a medias o encubridor a sueldo?

En abril de 2010, el mundo miró con horror cómo el Deepwater Horizon, plataforma operada por BP, explotaba a unos 70 km de la costa de Luisiana, desatando el mayor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos.

Halliburton fue contratada para cementar el pozo, y posteriormente entró en el ojo del huracán: una investigación oficial determinó que la mezcla de cemento utilizada era inestable, provocando fisuras que contribuyeron a la explosión catastrófica.

Para colmo, se descubrió que Halliburton destruyó registros internos sobre sus pruebas de calidad del cemento en los días previos al siniestro. En 2014, la empresa pagó 1,1 mil millones de pesos para evitar ir a juicio y zanjar las demandas colectivas por daños ambientales y económicos.

Pero... ¿Realmente compensan semejante cifra el dolor de pescadores, hoteleros y ecologistas que vieron meses de costa teñida de chapapote?

Sobornos en Nigeria: una fortuna "negra" de sobornos

En un giro que suena a guion de película de espionaje, entre 1994 y 2004 la filial KBR admitió haber pagado sobornos millonarios a funcionarios nigerianos para conseguir contratos de construcción de gasoductos y plantas de GNL.

Cuando la Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos investigó el caso, Halliburton desembolsó 382 millones de pesos para cerrar la causa por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

¿Multita y a otra cosa? Para los nigerianos, la "comisión" de ejecutivos de Halliburton se tradujo en décadas de corrupción endémica, desvío de fondos públicos y pobreza en un país rico en petróleo.

Ciberataque 2024: demostración de vulnerabilidad global

Como si el historial manchado de sangre y petróleo no fuera suficiente, en agosto de 2024 Halliburton sufrió un ciberataque masivo que paralizó sus sistemas en Houston y Europa. Según reportes de Reuters, hackers exfiltraron datos sensibles de contratistas y proyectos militares, evidenciando que incluso el gigante energético es vulnerable a la guerra digital.

Aunque Halliburton aseguró que no hubo fugas de información sobre operaciones en Irak o Afganistán, la intranquilidad en Pentágono y CIA fue mayúscula: ¿qué impacto puede tener el robo de planos logísticos en una guerra futura?

¿Negocio legítimo o empresa "beneficiada" del Estado?

A la luz de estos múltiples escándalos (que van desde contratos millonarios sin licitación hasta derrames tóxicos y sobornos transnacionales), la figura de Halliburton sigue envuelta en un halo de desconfianza.

Para críticos y activistas, es la prueba viviente de cómo las grandes corporaciones pueden "aliarse" con el poder político para engordar ganancias, sin que la justicia (casi) nunca las lleve a rendir cuentas completas.

Mientras tanto, Halliburton continúa cotizando en la Bolsa de Nueva York y promoviendo su imagen de líder en "soluciones energéticas".

Con cada nuevo contrato (sean en Oriente Medio, África o el Ártico), la sombra de Cheney, los sobreprecios en Irak y el lodo tóxico del Golfo de México vuelve a asomar: ¿Será finalmente responsable ante la ley o seguirá navegando impune sobre un océano de petróleo y controversias?