La Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR), destituyó a la defensora general Marisa Graham y a su adjunto Juan Facundo Hernández, dejando al organismo sin autoridad para representar a los casi 400 expedientes que tramitan en su órbita.

Según explicaron los legisladores de LLA, la remoción se basó en la expiración del mandato original de ambos funcionarios, designados en 2020 por un período que culminó el 28 de febrero último. A juicio de sus aliados, la prórroga tácita que Graham había dispuesto en enero (para asegurar la continuidad de las causas de niñez) carecía de legitimidad y no podía sostenerse más allá de un mandato vencido.

En cambio, los bloques de Unión por la Patria cuestionaron la votación, advirtiendo que la remoción de los defensores requería de una mayoría agravada de dos tercios, no de la mitad más uno que finalmente alcanzó la moción. "Se está violentando la autonomía de la Defensoría y dejando sin protección legal a los niños, niñas y adolescentes", denunciaron en un comunicado.

Marisa Graham, por su parte, defendió la resolución interna de enero como "una medida excepcional para evitar el vaciamiento de un organismo clave en la defensa de derechos fundamentales". Además, aseguró que el gobierno nacional había desmantelado la Secretaría de Niñez y Adolescencia, agravando la situación institucional.

Tras el tumultuoso debate, la bicameral acordó abrir el concurso público para cubrir la vacante a partir del 16 de junio de 2025, con un plazo inicial de 180 días para la presentación de aspirantes (prorrogable si las circunstancias lo requieren). Mientras tanto, dispuso un cuarto intermedio hasta el 3 de junio, fecha en la que evaluará el estado de la Defensoría y definirá pasos a seguir para garantizar la representación legal de los menores.

La destitución de Graham, referente destacada en políticas de protección de la infancia, marca un nuevo capítulo de confrontación entre el oficialismo y las organizaciones de derechos humanos, y encendió la alarma de expertos y activistas que advierten sobre el riesgo de dejar "sin tutela" a la población más vulnerable del país.