En enero de 2019, Jorge Isidro Bounine, ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los “cuadernos de las coimas” K, tras la confesión como arrepentido del ex funcionario Juan Manuel Campillo.

Campillo aseguró que Bounine le pagó 230 mil euros en efectivo por “asesoramiento y segunda opinión” sobre sociedades radicadas en Estados Unidos vinculadas al entorno de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner. Esta millonaria suma, según la fiscalía, formaba parte de un entramado destinado al presunto lavado de activos proveniente de sobornos.

La Justicia apunta además al vertiginoso crecimiento patrimonial de Bounine durante su paso por la función pública: de 15 mil pesos declarados al ingresar, su patrimonio saltó a más de 900 mil pesos en apenas 5 años, un incremento difícil de justificar con sus ingresos oficiales.

A esto se suman investigaciones periodísticas que revelaron que Bounine y su pareja controlaban el 83 por ciento de una inmobiliaria en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuyas operaciones aparecían, sin embargo, a nombre de una martillera, presuntamente para camuflar la titularidad real de los bienes.

Hasta la fecha, Bounine continúa bajo proceso por asociación ilícita y lavado de dinero, aunque aún no ha sido condenado. Sus defensores sostienen que todas las operaciones obedecieron a asesoramientos legales legítimos, mientras que sus críticos ven en él la figura del “contable VIP” al servicio de la corrupción kirchnerista.

Su situación procesal, con audiencias pendientes y pedido de elevación a juicio, promete mantener el “efecto Bounine” caliente en los tribunales.