Un reciente fallo internacional reaviva el debate sobre los límites temporales de la Justicia. El caso de dos abogados, cuyo proceso de apelación se extendió por más de una década, expone la necesidad de garantizar el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.

Un proceso penal no puede durar para siempre. Esta premisa elemental vuelve a estar en el centro del debate judicial tras una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por vulnerar las garantías judiciales en el Caso López de Belva y otro contra Argentina.

El fallo, dictado a mediados de mayo y notificado formalmente el 21 de agosto de 2026, pone sobre la mesa una pregunta compleja: cuándo el tiempo que insume una causa judicial deja de ser razonable y se convierte en una violación al debido proceso.

El origen de esta condena internacional se remonta a 1991, cuando los abogados Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá fueron acusados de presentar documentación fraudulenta en un juicio civil contra la Municipalidad de La Matanza. Aunque ambos fueron condenados a dos años y nueve meses de prisión en 1993, la etapa de revisiones y apelaciones se prolongó de manera inusitada. Recién en marzo de 2006, unos quince años después de iniciado el expediente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró extinguida la acción penal por prescripción.

A raíz de este escenario, el abogado penalista Jorge Monastersky publicó un análisis sobre las implicancias de este fallo para la práctica penal local. El especialista advierte que una persona sometida durante años a un proceso no permanece en una situación neutral, ya que la incertidumbre acarrea graves consecuencias profesionales, patrimoniales, familiares y reputacionales. En definitiva, cuando el Estado demora sin justificación, el proceso mismo corre el riesgo de transformarse en una pena anticipada.

El debate central radica en el concepto de plazo razonable. Según se detalla en el análisis, esto no implica fijar un cronómetro ciego ni establecer una cantidad de años que invalide cualquier causa automáticamente, ya que existen investigaciones que requieren tiempos prolongados por su naturaleza. Lo que el derecho internacional exige es que el tiempo transcurrido pueda ser explicado y justificado, evaluando factores como la complejidad del expediente, la conducta de las autoridades y la actividad de las partes.

Asimismo, se traza una distinción técnica fundamental: mientras que la prescripción responde a las reglas legales matemáticas que extinguen una acción penal, el respeto por el plazo razonable es una garantía que demanda estudiar cómo se desarrolló el procedimiento en la realidad para evitar abusos.

El precedente de la Corte Interamericana funciona así como un llamado de atención directo a los tribunales del país. Ante un reclamo por exceso temporal, los jueces argentinos deberán abandonar las excusas generales y explicar concretamente los motivos por los cuales un expediente permaneció abierto durante años. La sentencia internacional recuerda que el poder del Estado para investigar y juzgar delitos tiene límites temporales estrictos y que administrar justicia también significa administrar razonablemente el tiempo.