El investigador y oficial de Marina Mercante (R) Roberto Maturana presentó una ampliación de denuncia penal en la Justicia Federal en la que acusa a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, al presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, a su directorio y a empresas harineras del puerto por presuntos delitos ambientales y omisiones en el control.

Según el escrito, se configura un esquema de “zonas liberadas ambientales” en el que se habría permitido la operación industrial sin cumplir con la Resolución 149/20, que fija parámetros para la medición y mitigación de contaminantes. La presentación sostiene que no se exigieron auditorías ni planes de adecuación a establecimientos de tercera categoría.

La denuncia también señala al Consorcio Portuario por la renovación de concesiones y por permitir descargas a sistemas pluviales que desembocan en el mar, lo que, según Maturana, implicaría incumplimientos en su rol como autoridad de control. A esto suma cuestionamientos a la falta de seguimiento de planes de adecuación ambiental exigidos por normativa provincial.

En el plano ambiental, el escrito describe presuntos vertidos de metales pesados como plomo, cadmio y mercurio, además de efluentes orgánicos que afectarían lagunas de la reserva portuaria y el ecosistema costero. También advierte sobre emisiones gaseosas derivadas del procesamiento industrial, que, según la denuncia, no contarían con los tratamientos exigidos.

Maturana menciona además un fallo de Casación de 2025 que anuló acuerdos económicos en causas vinculadas al puerto, lo que, a su entender, evidencia que el daño ambiental no fue reparado. En ese contexto, solicita que se investigue la responsabilidad penal de funcionarios por incumplimiento de deberes y la eventual comisión de delitos previstos en la Ley 24.051.

En el petitorio, pide que se cite a autoridades del Consorcio y del Ministerio de Ambiente para que expliquen los controles realizados, el estado de los planes de adecuación y las medidas adoptadas desde la implementación de la normativa vigente.