El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, volvió a quedar bajo la lupa tras un informe presentado en un programa de televisiópn y distintos rumores difundidos, donde se puso sobre la mesa un combo incómodo: propiedades, desarrollos inmobiliarios y decisiones administrativas que confluyen en un mismo punto, el despacho del propio jefe comunal. No es solo tener ladrillos, es tener la firma que los habilita.

Según el informe, los emprendimientos vinculados al intendente se desarrollan dentro del distrito que gobierna, un detalle que transforma cualquier inversión privada en un potencial conflicto de interés. Porque no es lo mismo comprar en el mercado que autorizar el mercado en el que uno compra, y ahí es donde empieza el ruido político que en Escobar ya no se disimula.

En los pasillos municipales, lejos del discurso oficial, la explicación circula con una sinceridad brutal: tener un departamento en un lugar que uno mismo habilitó “da sospechas”. La frase no necesita traducción. Es la versión institucional del “está todo legal, pero raro”, una categoría que en la política argentina suele ser la antesala de problemas más serios.

Desde el entorno de Sujarchuk rechazaron las acusaciones, como marca el manual. Sin embargo, el eje del cuestionamiento no pasa solo por la legalidad formal, sino por la ética del ejercicio del poder. El intendente no es un vecino más: es quien decide qué se construye, dónde y bajo qué condiciones, y cuando ese poder se cruza con intereses propios, la frontera entre gestión y negocio empieza a borrarse.

El caso desnuda una vieja discusión que el peronismo conoce bien pero rara vez resuelve: la tentación de convertir el Estado en una extensión del patrimonio personal. En Escobar, el problema no es solo lo que aparece en un informe televisivo, sino lo que sugiere: que la política, cuando maneja la botonera del desarrollo urbano, también puede decidir quién gana… incluso si ese alguien está sentado en el sillón principal.