En el entramado político y administrativo de Mar del Plata, comienzan a acumularse interrogantes en torno al funcionamiento de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a cargo de Jorge "Guasa" González, un dirigente identificado con la Unión Cívica Radical (UCR) y alineado históricamente con el ex intendente Daniel Katz.

González, que responde a esa estructura política, aparece hoy en el centro de cuestionamientos que no solo apuntan a la ejecución de obras públicas, sino también a la red de relaciones que rodea la toma de decisiones en el área.

En ese esquema, resurgen vínculos con el empresario y operador político Emiliano Giri, quién mantiene cercanía con el actual interino del Municipio, Agustín Neme, configurando un triángulo de poder que genera suspicacias en distintos sectores.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el estado de los establecimientos de salud municipales. Según trascendió, desde la Secretaría de Obras se debía avanzar en la reparación de lozas y estructuras edilicias en centros bajo la órbita de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, esas tareas no se habrían concretado de manera efectiva. En días de lluvias intensas o temporales, los edificios presentan filtraciones, goteras e incluso anegamientos, lo que impacta directamente en la atención sanitaria y en las condiciones laborales del personal.

A este cuadro se suma la situación de la denominada "Casita Azul", un espacio vinculado a políticas sociales y sanitarias en la ciudad. De acuerdo a versiones que circulan en ámbitos políticos locales, se habrían destinado fondos (incluso provenientes de donaciones) para obras de mejora.

No obstante, esos trabajos no solo se encuentran paralizados, sino que tampoco figuran dentro del Plan de Obras previsto para 2026. La ausencia de explicaciones claras sobre el destino de esos recursos abre un nuevo foco de conflicto.

En paralelo, crecen los cuestionamientos en torno al manejo de las licitaciones públicas. Dirigentes opositores y actores del propio oficialismo deslizan que los procesos estarían direccionados hacia empresas vinculadas a círculos cercanos a González o al propio Katz. Si bien estas acusaciones no han sido formalmente probadas en la Justicia, la reiteración de versiones alimenta un clima de desconfianza.

Uno de los casos que más ruido generó fue el de la licitación para la construcción de una torre de 35 pisos, un proyecto de gran envergadura que despertó polémica tanto por su impacto urbanístico como por las condiciones en que se habría adjudicado. Para algunos sectores, este expediente se convirtió en un símbolo de un esquema de decisiones poco transparente dentro del área de Obras.

En este contexto, la gestión de González queda bajo la lupa, no solo por la falta de avances en obras consideradas prioritarias, sino también por las dudas que rodean el uso de recursos y la adjudicación de contratos.

Mientras tanto, el entramado político que lo respalda (con figuras de peso en la historia reciente de la ciudad) refuerza la idea de que las tensiones exceden lo meramente administrativo y se inscriben en una disputa más amplia por el control del poder local.

La combinación de obras demoradas, fondos sin rendición clara y licitaciones cuestionadas configura un escenario que, de no ser aclarado, podría escalar en el ámbito institucional y judicial, en una ciudad donde la obra pública vuelve a ser un terreno clave de la política.