Una presentación de Aldo Sergio Parodi cuestiona duramente la salida de la fiscal Susana Catalina Muscianisi y sostiene que antes de dejar la Justicia habría mantenido paralizada una investigación vinculada con presuntas irregularidades millonarias en el Fondo Provincial del Deporte. El escrito también apunta contra el gobernador Alfredo Cornejo y pide que intervengan distintos organismos institucionales.

La salida de la fiscal Susana Catalina Muscianisi de la Justicia mendocina quedó envuelta en una fuerte polémica a partir de una presentación realizada por Aldo Sergio Parodi ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la Cámara de Diputados provincial y el Tribunal de Cuentas.

El planteo, identificado por el denunciante con el expediente P/57.809/26, cuestiona el accionar de la ahora ex fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos y vincula su salida con una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados al deporte provincial.

La renuncia de Muscianisi, a diferencia de varias de las acusaciones contenidas en la presentación, sí aparece respaldada por documentación oficial. El Decreto 1605, firmado el 7 de agosto de 2026 por el gobernador Alfredo Cornejo, aceptó su renuncia definitiva al cargo de fiscal de Instrucción de la Fiscalía 3 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. La salida se hizo efectiva desde el 1 de septiembre.

El expediente que Parodi pone bajo la lupa

Según sostiene el denunciante, Muscianisi habría tenido bajo su órbita una causa relacionada con el Fondo Provincial del Deporte y con la aplicación de la Ley 6457.

El escrito afirma que existiría un presunto incumplimiento de las disposiciones vinculadas con los recursos que deberían ingresar al fondo desde 1997. Parodi califica la situación como una supuesta malversación de caudales públicos de enorme magnitud y cuestiona que la investigación no haya avanzado contra las autoridades políticas que, según su interpretación, deberían responder por esos fondos.

Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser corroboradas por las autoridades judiciales y administrativas correspondientes. No existe, a partir de la documentación consultada, una resolución judicial que permita presentar esas acusaciones como hechos probados.

El antecedente de los 400 millones de pesos

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con un desembolso de 400 millones de pesos que, según la denuncia, habría sido destinado a actividades vinculadas con la Unión Argentina de Rugby (UAR) y World Rugby. La presentación sostiene que esos recursos habrían salido de fondos vinculados al deporte provincial y cuestiona particularmente la participación del Poder Ejecutivo mendocino.

El tema ya había sido llevado al terreno público mediante otra presentación de Parodi, que cuestionó el financiamiento del partido entre Los Pumas y Australia disputado el 5 de septiembre de 2026 en el estadio Malvinas Argentinas. En esa denuncia se invocaron precisamente las disposiciones de la Ley 6457 y se plantearon posibles irregularidades acumuladas desde 1997.

La cifra de 400 millones, el Decreto 1605, la Ley 6457 y el expediente penal P/57.809/26 aparecen así como algunos de los elementos que Parodi pretende poner bajo la lupa de los organismos de control.

Una fiscal con una extensa trayectoria

Muscianisi no era una funcionaria desconocida dentro de la Justicia mendocina. Durante años se desempeñó en fiscalías de instrucción y estuvo al frente de investigaciones de alto impacto.

La prensa mendocina la identifica como la primera fiscal de instrucción de la provincia designada mediante concurso y recuerda su participación en causas como el caso Lobos, investigaciones vinculadas con la familia Zuccardi, la pesquisa por el crimen de Alejo Hunau, expedientes relacionados con la Tupac Amaru y la investigación sobre la Liga Mendocina de Fútbol.

En febrero de 2026, además, Muscianisi había quedado a cargo de una investigación relacionada con transferencias por aproximadamente 130 millones de pesos realizadas desde la cuenta de la Liga Mendocina de Fútbol hacia empresas vinculadas con familiares de su presidente, Omar Sperdutti.

La propia documentación del Ministerio Público Fiscal también confirma que Muscianisi integraba la Fiscalía de Instrucción 3 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.

El salto de una denuncia judicial a una acusación política

El escrito presentado por Parodi va mucho más allá de cuestionar la actuación de una fiscal. El denunciante sostiene que la salida de Muscianisi se habría producido antes de que pudiera avanzar sobre las responsabilidades políticas que él atribuye al gobernador Cornejo.

Parodi interpreta que la aceptación de la renuncia mediante decreto constituye una pieza relevante dentro de la discusión y cuestiona que la fiscal haya abandonado su cargo sin que, según su versión, se hubiera esclarecido la investigación que considera central.

Sin embargo, esa interpretación pertenece al denunciante. El Decreto 1605 disponible públicamente se limita a consignar que Muscianisi presentó su renuncia definitiva y que el Poder Ejecutivo provincial decidió aceptarla. El documento no establece que la salida haya tenido relación con ninguna investigación penal ni menciona un supuesto acuerdo entre la fiscal y el gobernador.

El reclamo ahora queda en manos de las instituciones

La presentación pide que el caso sea analizado por distintas autoridades provinciales, entre ellas la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y el Tribunal de Cuentas, cuyo presidente es mencionado expresamente por Parodi.

El denunciante reclama que se investigue la utilización de los recursos públicos y que se determine si existieron responsabilidades administrativas o penales. También cuestiona el funcionamiento de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y plantea interrogantes sobre la actuación de los funcionarios encargados de investigar delitos contra la administración pública.

La discusión, de esta manera, deja de estar centrada exclusivamente en la jubilación de una fiscal y pasa a involucrar el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado mendocino.

Por ahora, lo comprobable es que Muscianisi dejó formalmente su cargo después de que Cornejo aceptara su renuncia mediante el Decreto 1605. Las acusaciones de encubrimiento, malversación y protección política formuladas por Parodi, en cambio, constituyen planteos que deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes.

La denuncia promete abrir un nuevo capítulo en una controversia que combina fondos públicos, deporte, Justicia y poder político en Mendoza. Y será precisamente la investigación institucional la que deberá determinar si detrás de los números denunciados existe un delito, una irregularidad administrativa o una interpretación controvertida de las normas provinciales.