La eliminación del Régimen de Zona Fría para numerosos municipios bonaerenses abrió un nuevo capítulo de reclamos institucionales en el interior de la Provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, una iniciativa ciudadana impulsada desde el Partido de Guaminí fue presentada ante la Defensoría del Pueblo bonaerense y, paralelamente, se convocó a los 22 Concejos Deliberantes de la Sexta Sección Electoral para analizar una eventual adhesión al reclamo por la continuidad del beneficio.

La presentación fue realizada por Ignacio Alberto Zavaleta, vecino de Laguna Alsina, quien solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la articulación de herramientas jurídicas frente a la modificación del régimen. En el documento se sostiene que la reforma dejó fuera del esquema a 94 municipios bonaerenses y que la medida podría generar fuertes incrementos en las facturas de gas de los usuarios afectados.

El planteo también fue trasladado al ámbito legislativo municipal. La iniciativa solicita que los Concejos Deliberantes consideren la aprobación de declaraciones o resoluciones de adhesión al reclamo por la restitución del Régimen de Zona Fría y que, además, exhorten a los legisladores provinciales y nacionales de la sección electoral a intervenir en defensa de tarifas consideradas justas para el interior bonaerense.

El eje de la presentación no se limita al impacto tarifario. El anexo técnico-institucional incorpora una serie de preguntas vinculadas con el financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y plantea la necesidad de conocer qué ocurre con los recursos que continúan recaudándose luego de la reducción del universo de beneficiarios.

Según el documento, el artículo 75 de la Ley 25.565 establece un recargo de hasta el 7,5 por ciento sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicado a los metros cúbicos consumidos o comercializados en todo el país. La presentación advierte que la fuente de financiamiento tiene alcance nacional mientras que el beneficio posee un alcance territorial determinado.

En ese sentido, uno de los principales interrogantes planteados es cuánto continúa recaudándose mediante ese mecanismo, cuál es la alícuota efectiva aplicada, cuánto se destina actualmente al Régimen de Zona Fría y qué destino tendrán los recursos que ya no sean necesarios como consecuencia de la reducción del número de beneficiarios.

El documento menciona que durante el tratamiento legislativo se estimó que alrededor de 1,6 millones de usuarios dejarían de recibir el beneficio. Al mismo tiempo, aclara que la pérdida del régimen específico no implica necesariamente que todos esos hogares queden sin ningún mecanismo de asistencia energética, ya que algunos podrían acceder a otros subsidios de acuerdo con las condiciones correspondientes.

La discusión sobre el destino de los fondos ocupa otro capítulo central. La iniciativa no afirma que los recursos liberados estén siendo utilizados de manera irregular. Por el contrario, plantea que el Estado debería publicar información suficiente para determinar cuánto recauda el Fondo, cuánto se destina al régimen, qué obligaciones permanecen pendientes, qué otras compensaciones se financian y cuál es el saldo disponible.

También se solicita esclarecer si existe alguna relación financiera, presupuestaria, regulatoria o patrimonial entre los recursos que eventualmente queden liberados por la reforma y las obligaciones pendientes del sistema eléctrico, incluidas las relacionadas con CAMMESA, Edenor y Edesur.

El propio anexo realiza una precisión sobre este punto: señala que los elementos mencionados no permiten afirmar que la reducción de Zona Fría haya sido diseñada para condonar una deuda determinada de Edenor o Edesur. Por eso, plantea la cuestión como una hipótesis de investigación que debería ser confirmada o descartada mediante documentación oficial.

Otro de los argumentos desarrollados apunta a la proporcionalidad del cargo. La iniciativa sostiene que, si el universo de beneficiarios se reduce de manera sustancial, debería revisarse la correspondencia entre los recursos que se recaudan, las necesidades financieras existentes y los fondos efectivamente utilizados.

La propuesta no plantea que el cargo deba desaparecer automáticamente, sino que su permanencia debería guardar una relación demostrable con las obligaciones que continúa financiando. En ese marco, se reclama conocer cuánto se recauda, cuánto se necesita, cuánto se utiliza y qué sucede con eventuales excedentes.

Como alternativa, el anexo propone un esquema denominado "6 meses + 6 meses". La idea consiste en establecer seis meses de protección durante el período anual de mayor necesidad térmica, determinado mediante parámetros climáticos objetivos, y seis meses destinados a evaluar temperaturas, heladas, consumo residencial, situación socioeconómica, recursos recaudados, costo del régimen y cantidad de beneficiarios.

Desde la iniciativa sostienen que este mecanismo permitiría vincular la asistencia con las condiciones climáticas y energéticas efectivamente registradas, incorporando criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad, transparencia y control.

En paralelo, la presentación ante la Defensoría del Pueblo solicita que el organismo otorgue prioridad al reclamo y evalúe la promoción o adhesión a acciones judiciales colectivas. Allí se sostiene que la reforma afecta a más de 1,24 millones de hogares bonaerenses distribuidos en 94 municipios y se advierte sobre el impacto que podrían tener los aumentos sobre jubilados, trabajadores, comercios y sectores productivos.

La documentación presentada también menciona que municipios e instituciones de la región avanzan en reclamos institucionales y judiciales. En el caso de Guaminí, el pedido busca además que las actuaciones sean remitidas a los Concejos Deliberantes de la región para que puedan expedirse sobre la continuidad del régimen diferencial de gas.

De esta manera, el reclamo por la Zona Fría suma una nueva dimensión: además de discutir el impacto que tendrá la modificación del beneficio sobre las facturas de los usuarios, la iniciativa busca abrir un debate institucional sobre los recursos que continúan recaudándose, el funcionamiento del Fondo y el destino de los fondos asociados al sistema.

La convocatoria a los 22 Concejos Deliberantes de la Sexta Sección apunta precisamente a llevar esa discusión al ámbito municipal y regional, con la intención de que el análisis se apoye en información financiera y documentación oficial verificable.