En el año 2020, Gastón Martínez Lage, un vecino del Distrito Ecológico Roggero en Moreno, Provincia de Buenos Aires, inició una denuncia que marcaría un antes y un después en la lucha contra la corrupción inmobiliaria en la región. Lo que comenzó como una inquietud personal por un desarrollo irregular terminó exponiendo una red de intereses que involucraba a empresarios, funcionarios municipales, agentes policiales y el sistema judicial local.

Martínez Lage había adquirido una finca en una zona caracterizada por su riqueza natural y biodiversidad, habitada por fauna autóctona y protegida por regulaciones ambientales. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer desarrollos inmobiliarios ilegales que amenazaban este equilibrio. Uno de los más emblemáticos fue el Barrio Lihue, construido en un terreno usurpado a la familia Lalanne, en pleno corazón del Distrito Ecológico Roggero y frente al Parque Municipal Los Robles.

El proyecto, liderado por Fabián Óscar Fogliano, Daniela Marisel Rosales y Masone Darío Antonio, desoyó órdenes judiciales y clausulas de no innovar, avanzando incluso en plena pandemia. La parcelación de siete hectáreas dio lugar a cerca de 90 lotes, desafiando abiertamente las normativas ambientales y contando, según denuncias, con la complicidad de autoridades municipales y policiales.

Martínez Lage, impulsado por su preocupación ambiental, presentó denuncias en el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, así como en la municipalidad local. Aunque inicialmente se designó al doctor Federico Aliaga, del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), para abordar el problema, el operativo de 2021 que prometía frenar las obras terminó siendo un fracaso. Barrio Lihue, hoy convertido en un barrio popular, se alza como símbolo de la inacción y la falta de control en la gestión de la intendente Mariel Fernández.

Además de la indiferencia oficial, Martínez Lage enfrentó represalias. Denuncias falsas, promovidas por Fogliano y ejecutadas con la colaboración de la policía local, lo señalaron injustamente como un individuo violento. Estas acusaciones derivaron en un allanamiento y una posterior condena judicial, basada en pruebas endebles y testimonios que luego fueron desmentidos por los propios denunciantes.

No obstante, Martínez Lage no se rindió. Llevó su lucha más allá del ámbito local, presentando el caso ante la Dirección de Recursos Inmobiliarios de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía de Estado provincial. Finalmente, en enero de 2025, el Ministerio de Economía oficializó, mediante la Resolución 700/24, la intervención de la Fiscalía de Estado para recuperar las tierras usurpadas y preservar el patrimonio ambiental.

Este avance marca un triunfo parcial en la cruzada de Martínez Lage, quien, pese a enfrentar una condena injusta, logró que la Justicia provincial reconozca la gravedad del caso y tome medidas para restablecer el control sobre las tierras afectadas. Sin embargo, su situación judicial sigue siendo un ejemplo de las fallas institucionales en Moreno, donde intereses privados parecen haber doblegado la independencia del sistema judicial.

El caso de Martínez Lage expone la fragilidad de las instituciones locales frente a mafias organizadas y pone de manifiesto la importancia de ciudadanos comprometidos que, con esfuerzo y perseverancia, defienden el interés público ante la corrupción.