Policial y judicial | 02/09
¡Polémica!
Macri y la concubina del juez Lijo persiguen a personas con discapacidad
Sigue la polémica libertaria.
Al unísono con la crueldad y la deshumana política del anarco capitalismo ejecutada por Javier Milei y su triángulo de hierro, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tal vez por ósmosis, la brutalidad se ha hecho eco de esas prácticas.
En el Juzgado 14 contencioso administrativo, que se ocupa de solucionar los conflictos entre ciudadanos o personas jurídicas y las administraciones públicas, hay un secreto a voces que se conoce como el "Caso Lautaro".
Al parecer, según fuentes allegadas, a través del cupo de discapacidad, rindiendo un examen, un joven con asperger comienza un trabajo de interinato con la jueza Natalia Tanno (cabe señalar que no se le pone el correspondiente apoyo dictaminado por ley) y posteriormente lo mandan al cuerpo móvil.
3 meses después de su ingreso, la Policía de CABA al frente de 7 patrulleros cerca la casa del joven, la allanan y lo conducen a una fiscalía para su interrogatorio. Lo imputaron en una causa penal por amenazas a una psicóloga del Observatorio de Discapacidad.
Lo inverosímil de la historia es que la profesional nunca recibió amenaza alguna por parte del joven autista, sino que es interpretada por una jefa de dicho observatorio de apellido Burundarena debido a que el psicólogo particular de Lautaro, al ser interpelado, viola el secreto de confidencialidad y les comenta una expresión de catarsis del niño autista, que estas 2 personas del observatorio, aprovechan para incriminarlo y armarle una causa.
El joven venía siendo hostigado por causas triviales, como por ejemplo utilizar el baño de la jueza, ignorando el personal competente que personas con autismo no entran a baños públicos que estuvieran sucios.
En otra oportunidad una psicóloga del Observatorio de Discapacidad recién recibida, lo ningunea socarronamente por una aspiración que el joven le había manifestado y que dicha burla lo incomodó, por tal razón, la contestación fue directa, como es característico de las personas con síndrome de asperger: "Chetita no entendés nada", fue la inofensiva respuesta. A partir de allí fue perseguido en innúmeras oportunidades.
De la causa penal salió exonerado, pero lo desvincularon del trabajo antes de finalizar su interinato. Posteriormente se le niega la reincorporación y, a pesar que un juez dictaminó en la cautelar que hasta que no culmine el proceso judicial del recurso de amparo está autorizado a utilizar la obra social de los judiciales, también se le denegó ese beneficio.
Lautaro, debido a las irregularidades del Observatorio de Discapacidad hace la correspondiente denuncia ante el Consejo de la Magistratura, lo que generó un gran revuelo y en los pasillos se comenzó a comentar sobre el "Caso Lautaro".
Lo más llamativo y triste de todo esto, es que por detrás está Genoveva Ferrero, secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mueve sus influencias contra Lautaro para que éste no pueda ser reincorporado en el poder judicial.
Cabe destacar que es pareja del juez federal Ariel Lijo, hoy candidato a la Corte Suprema de Justicia y muy cercana al "binguero" Daniel Angelici, quien manejó fondos claves del Poder Judicial porteño. ¿Por qué se dice que la actitud de la doctora Ferrero es llamativa? Debido a que ella misma tiene un hijo autista de corta edad aún.
Genoveva formó el Observatorio de Discapacidad e indicó a una serie de personas que muchas de ellas distan de preparación para ese cuerpo e hizo la vista gorda a la persecución de Lautaro.
Es bueno informar a la sociedad que a raíz de toda esta situación de acoso, de no tener la debida contención que precisa este tipo de discapacidad, Lautaro, comenzó a sentirse mal y al tener el síndrome de asperger, le generó problemas psicológicos y dificultades en la vista, así como también que en dicho órgano judicial no se cumple con el cupo laboral del 5 por ciento a personas con discapacidad y que se estarían violando leyes y tratados nacionales e internacionales que ponen en peligro a toda la comunidad con discapacidad que trabaja en el poder judicial de CABA.