En un giro significativo en el caso que involucra al Colegio Nacional "Arturo Humberto Illia" de Mar del Plata, este lunes se archivó la causa iniciada por las autoridades del colegio para que una madre perdiera la guarda de su hija. La decisión judicial trae alivio a la familia y marca un nuevo capítulo en un conflicto que ha captado la atención pública.

El caso comenzó cuando Julio Razona, abogado de la madre de la estudiante, denunció a la directora y a la psicóloga del colegio por supuesta falsificación de documento público y coacción.

Según la denuncia, la institución habría cambiado el nombre y género de la alumna en sus registros internos sin el consentimiento de la madre ni una autorización legal. Esta acción ocurrió tras que la menor expresara dudas sobre su identidad de género luego de asistir a una clase de Educación Sexual Integral (ESI).

A pesar de que la estudiante decidió mantener su identidad femenina y comunicó su decisión tanto al colegio como a su madre, las autoridades escolares continuaron registrándola con un nombre masculino y la instaron a modificar su DNI. La madre, apoyada por su abogado, consideró estas acciones una violación de los derechos de su hija.

Paralelamente, el colegio había iniciado una demanda para que la madre perdiera la guarda de la menor. Este proceso judicial avanzó con un cambio en la carátula, pasando de "materia" a "categorizar", y culminó con la escucha del testimonio de la estudiante. La declaración de la menor fue clave para que el tribunal archivara la causa y garantizara la continuidad de la guarda por parte de su madre.

Julio Razona celebró la decisión como una victoria para la familia y subrayó la importancia de proteger los derechos tanto de los menores como de sus responsables legales. Por su parte, la madre expresó su satisfacción por el resultado y destacó que, finalmente, la voz de su hija fue escuchada.

Este caso ha desatado un intenso debate en la comunidad sobre el rol de las instituciones educativas en cuestiones relacionadas con la identidad de género y los procedimientos legales que deben seguirse. También ha puesto sobre la mesa la necesidad de equilibrar el acompañamiento escolar con el respeto por la autoridad y los derechos de las familias.