Diputados del PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y Adelante Buenos Aires anunciaron que trabajan en una ley destinada a transformar el régimen de discapacidad y reemplazar la lógica de emergencia por un esquema permanente. La propuesta todavía es presentada por esos espacios como un proyecto en elaboración y apunta a establecer reglas estables para personas con discapacidad, familias y prestadores.

Actualmente está vigente la Ley 27.793, que declaró la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prorrogarla por un año. La norma contempla financiamiento para pensiones, apoyo a prestadores y actualización de aranceles, y fue reglamentada en febrero de este año.

Los bloques sostienen que una nueva prórroga no resolvería los problemas estructurales y proponen convertir varias herramientas en políticas permanentes. Entre los puntos difundidos aparece un arancel uniforme con actualización automática y mensual por IPC, además de un cronograma para cancelar compensaciones adeudadas a prestadores.

La iniciativa plantea también garantizar pensiones para quienes posean Certificado Único de Discapacidad y las necesiten, junto con la posibilidad de compatibilizarlas con empleo formal mientras los ingresos laborales no superen dos salarios mínimos. A eso suman incentivos para empleadores que incorporen personas con discapacidad por tiempo indeterminado.

Otro eje pasa por los controles y el financiamiento. Los legisladores proponen fortalecer las auditorías con debido proceso, asegurar partidas presupuestarias suficientes, mantener una articulación permanente con el COFEDIS y publicar información sobre pensiones, aranceles y recursos destinados al sistema.

En el comunicado, los bloques también cuestionaron la gestión de años anteriores y sostuvieron que la emergencia terminó funcionando como una sucesión de soluciones transitorias. Esa es una interpretación política de los firmantes. La discusión legislativa deberá definir ahora si esos lineamientos se convierten en un proyecto formal y qué diferencias tendría finalmente respecto de la Ley 27.793 actualmente vigente.