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Señalamientos
Pettigiani y Camaño quedaron denunciados mientras se observa una nueva disputa en la Justicia Federal
El querellante sostiene que existieron actuaciones que habrían impedido controlar documentación considerada relevante para el expediente.
Roberto Víctor Maturana formuló una denuncia penal contra el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani y el abogado Juan Ignacio Camaño, a quienes acusa de haber desplegado presuntas maniobras irregulares durante el trámite de una causa ambiental que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La presentación fue realizada en el marco del expediente FMP 23899/2018/TO01, en el que Maturana interviene como querellante.
Según la denuncia, los hechos se habrían producido durante la audiencia del 23 de octubre de 2024, cuando el abogado defensor de los imputados habría invocado la existencia de un acuerdo y de actas de directorio que, de acuerdo con la presentación, no fueron incorporadas al expediente ni registradas en el sistema Lex100. Maturana sostiene que esa documentación fue solicitada bajo la modalidad de "reserva en secretaría", lo que, a su criterio, impidió el control por parte de la querella.
El escrito también afirma que, durante esa audiencia, se produjo un intercambio de documentación entre Juan Ignacio Camaño y el fiscal Juan Manuel Pettigiani sin que ese movimiento quedara asentado en el acta oficial. De acuerdo con la denuncia, esos documentos nunca fueron agregados formalmente al expediente, pese a que serían elementos relevantes para un pedido de extinción de la acción penal basado en una reparación integral.
Maturana asegura que la inexistencia de la documentación invocada fue certificada mediante un Acta Notarial N° 322, documento que incorporó como prueba junto con el registro audiovisual de la audiencia. Además, ofreció como testigo al secretario del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Ángel Matías Vidal, y solicitó preservar los registros digitales del sistema Lex100 correspondientes a la fecha cuestionada.
En la presentación, el denunciante atribuye a los acusados presuntos delitos de estafa procesal en grado de tentativa, defraudación por ocultamiento de documentos, fraude contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Asimismo, pidió que la Justicia ordene el secuestro preventivo de la documentación mencionada, certifique el estado de carga de los archivos en el expediente y preserve los registros informáticos para determinar si existieron modificaciones o movimientos vinculados a esas actuaciones.
