La administración del intendente Miguel Ángel Lunghi en Tandil, una de las más prolongadas de la provincia, acumula a lo largo de casi dos décadas una serie de controversias que abarcan desde cuestionamientos por el uso de fondos públicos hasta disputas ambientales y litigios judiciales.

Los primeros años de gestión ya estuvieron atravesados por observaciones del Tribunal de Cuentas bonaerense, que en 2008 desaprobó gastos correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006 por unos cinco millones de pesos, señalando pagos irregulares y compras sin respaldo.

En paralelo, medios locales difundieron versiones sobre presuntos sobreprecios y “retornos” en obras con financiamiento nacional, vinculando licitaciones de cloacas y pavimentación con exfuncionarios kirchneristas.

En 2014, el conflicto habitacional del barrio La Movediza expuso la falta de soluciones para sectores vulnerables: familias ocuparon viviendas del Plan Federal y reclamaron reubicación ante el municipio, que demoró en dar respuestas. Entre 2016 y 2020, los cuestionamientos giraron hacia el nepotismo y presuntas irregularidades.

El sobrino del jefe comunal, Carlos Lunghi, fue imputado en una causa por gastos bonaerenses, mientras que su hijo y otros familiares ocuparon cargos municipales pese a las recomendaciones nacionales contra el parentesco político. El ex diputado Mauricio D’Alessandro también denunció posibles desvíos en fondos destinados a cloacas en Vela.

La pandemia de Covid-19 trajo en 2021 el llamado “escándalo de las vacunas VIP”: concejales opositores acusaron a allegados al intendente de recibir dosis antes que el personal esencial, provocando renuncias y tensiones políticas. En 2018 ya había surgido otra polémica con la intención de comprar el predio “ex-Metan” para un nuevo Palacio Municipal, iniciativa calificada como “faraónica” por la oposición.

A partir de 2023, los cuestionamientos se trasladaron al terreno ambiental. Asambleas vecinales denunciaron falta de control sobre invasiones a las sierras, ausencia de informes sobre la calidad del agua y permisividad hacia proyectos inmobiliarios en zonas protegidas, como el loteo “Miradores de Montecristo” en el Cerro Centinela. Simultáneamente, tomas de terrenos urbanos y reclamos por acceso a la vivienda derivaron en acusaciones cruzadas sobre el manejo municipal de la tierra pública.

En 2025, nuevas controversias surgieron en torno a la Usina Popular Municipal, que creó sociedades anónimas subsidiarias mientras acumulaba una deuda con CAMMESA de 13.500 millones de pesos, generando sospechas de desvíos de recursos.

Ese mismo año se judicializó la expropiación de un lote en la Plaza de las Banderas, cuyo propietario reclama 180 mil dólares por una ordenanza que habría favorecido intereses privados en lugar de destinar el espacio a uso público.

Con denuncias administrativas, ambientales y judiciales, la extensa gestión de Lunghi continúa bajo el escrutinio de la oposición, organizaciones sociales y vecinos, que reclaman transparencia y una revisión de las prioridades municipales.