Por Mario Koltan

El sistema de salud argentino atraviesa una creciente presión de costos, especialmente en lo que respecta a medicamentos de alto precio (como tratamientos oncológicos o biológicos), insumos médicos críticos y prestaciones hospitalarias facturables, como internaciones y cirugías.

En ese escenario, desde el ámbito privado surge una propuesta concreta: avanzar hacia mecanismos de compra conjunta con el sector público para unificar precios y obtener mejores condiciones económicas.

En un contexto donde el sistema de salud enfrenta crecientes desafíos presupuestarios, avanzar en este sentido podría ser una de las herramientas más eficaces para optimizar recursos y garantizar mayor equidad.

Hoy, cada provincia negocia de forma independiente, lo que genera una fragmentación ineficiente del sistema. Esta lógica no sólo encarece los productos, sino que también impide aprovechar el poder de compra colectivo que permitiría obtener mejores condiciones.

Desde el sector privado, existe voluntad de participar en un esquema colaborativo en el que tanto hospitales públicos como clínicas y obras sociales puedan acceder a precios unificados a través de licitaciones compartidas.

La propuesta incluye también la necesidad de establecer un vademécum común, que asegure valores equitativos para todos los actores, evitando así diferencias arbitrarias entre lo que paga el Estado y lo que abonan las empresas por prestaciones equivalentes.

Además del tema de los precios, hay otro eje que reclama atención: la carga tributaria. El sector privado sostiene que hoy se encuentra alcanzado por alícuotas impositivas que exceden su capacidad de pago, lo cual se vuelve aún más injusto cuando se considera que, además de aportar al financiamiento del sistema público a través de impuestos, muchas empresas deben pagar tarifas diferenciales al utilizar efectivamente servicios estatales.

Frente a esta realidad, resulta clave repensar la articulación entre ambos mundos. No se trata de eliminar obligaciones, sino de generar condiciones de mayor coherencia y previsibilidad. La colaboración público-privada, tan necesaria en múltiples áreas, también puede y debe llegar a la gestión de la salud.

Una compulsa de precios conjunta permitiría no solo mejorar la eficiencia del gasto, sino también garantizar que los pacientes (más allá de quién financie su cobertura) reciban acceso equitativo a tratamientos y medicamentos. El momento de avanzar en esa dirección es ahora. Falta decisión política, pero sobran argumentos.