La Justicia bonaerense volvió a poner contra las cuerdas al exintendente de La Plata, Julio Garro, en el marco de la investigación por la aprobación irregular de barrios privados durante sus dos mandatos.

El expediente, que ya involucra a exfuncionarios y empresarios del rubro inmobiliario, apunta a una trama de corrupción estructural que habría permitido habilitar desarrollos ilegales en zonas no aptas, generando un negocio millonario a espaldas del municipio.

El fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta dispuso nuevas medidas de prueba y notificó a desarrolladores para que entreguen planos, convenios, facturas, pagos de plusvalías y boletos de compraventa, con el objetivo de reconstruir el entramado económico detrás de las maniobras.

Según la acusación, existió un circuito paralelo de autorizaciones que beneficiaba a funcionarios y empresarios mediante sobreprecios, cesión de tierras y contrataciones direccionadas.

Entre los señalados figuran Marcelo Genoro (exdirector de Obras Viales), Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos) y los empresarios Ariel Bordigoni, Cecilia Mayocchi, Leandro Arrechea y Facundo Dadin, todos vinculados a los emprendimientos investigados.

Uno de los casos emblemáticos es el del barrio La Cañada, en City Bell, donde un convenio por obras viales pasó de 39 a 64 millones de pesos en cuestión de semanas, sin fundamentos técnicos, lo que la fiscalía considera un sobreprecio injustificable.

La investigación ya derivó en allanamientos en la mansión de Garro en el country Grand Bell, así como en oficinas y domicilios particulares de exfuncionarios. Se incautaron computadoras, contratos y expedientes administrativos, que ahora son peritados por el Ministerio Público.

El exintendente, que tuvo un breve paso por el gobierno nacional de Javier Milei como subsecretario de Deportes, guarda silencio mientras su entorno denuncia una “persecución política”. Su defensa está encabezada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando.

En paralelo, la gestión actual de Julio Alak suspendió más de 400 proyectos de urbanización con irregularidades detectadas. El secretario de Planeamiento, Sergio Resa, declaró ante la Justicia y ratificó que “los expedientes no cierran por ningún lado”.

Según fuentes judiciales, el fiscal prepara una nueva ronda de indagatorias y no se descarta que Garro sea citado nuevamente, ante la evidencia que lo vincula a una red de negocios inmobiliarios ilegales que convirtió a La Plata, durante su gestión, en “un paraíso de los loteos truchos”.