La administración de Walter Cortés vuelve a quedar en el centro de la polémica en Bariloche. Mientras los vecinos padecen desde hace años reclamos por el precio del boleto, las frecuencias y las condiciones del transporte urbano, la Municipalidad destinó durante 2026 al menos 1.859 millones de pesos a Transporte Amancay SRL, la empresa que opera el servicio bajo la marca Mi Bus.

Los números surgen de resoluciones publicadas en los boletines oficiales municipales y corresponden principalmente a dos conceptos: el denominado “atributo municipal”, utilizado para compensar descuentos tarifarios, y la compensación correspondiente al boleto estudiantil. El flujo de dinero público hacia la concesionaria se repite prácticamente semana tras semana.

Solamente por el denominado atributo municipal, Transporte Amancay recibió durante 2026 unos 1.192.531.141 pesos, mientras que otros 667.288.446 pesos fueron destinados a compensar la tarifa escolar. La suma de ambos conceptos lleva la cuenta hasta los 1.859.819.588 pesos devengados durante el año.

Pero la cifra crece todavía más cuando se incorporan obligaciones correspondientes a 2025 que fueron autorizadas o pagadas durante este año. Bajo ese cálculo, el volumen de recursos vinculados a la empresa alcanza aproximadamente los 2.343 millones de pesos, una montaña de fondos públicos destinada a sostener el funcionamiento del transporte urbano barilochense.

Las resoluciones muestran la magnitud del mecanismo. La número 2455-I-2026 autorizó 37 millones de pesos correspondientes al período comprendido entre el 3 y el 9 de julio; la 2685-I-2026 habilitó otros 46,2 millones por la semana del 24 al 30 de julio, mientras que la 2798-I-2026 aprobó casi 54 millones de pesos por apenas siete días de agosto.

A eso se agrega la resolución 2792-I-2026, mediante la cual fueron autorizados otros 67,2 millones de pesos correspondientes a la compensación de la tarifa estudiantil de julio. Se trata de una sucesión de desembolsos que muestra hasta qué punto las cuentas del transporte barilochense dependen de transferencias provenientes del Estado.

Detrás de Transporte Amancay aparece, además, un empresario que trasciende ampliamente las fronteras de Bariloche. Se trata del sanjuanino Pedro Ponte, vinculado al Grupo SEMISA y con antecedentes empresariales relacionados con servicios para la actividad minera, el transporte de personal y la logística.

Ponte estuvo relacionado durante años con negocios ligados a la minería sanjuanina. Entre sus antecedentes aparece CINCA SA, empresa que presidió y que fue seleccionada para realizar el transporte de combustible hacia Veladero, uno de los emprendimientos de oro y plata más importantes del país. Transporte Amancay, por su parte, desembarcó en Bariloche para hacerse cargo del servicio urbano bajo la marca Mi Bus.

El esquema también tiene participación provincial. Documentación oficial consignada en el relevamiento muestra que durante 2025 existió un convenio por 1.000 millones de pesos aportados por el Gobierno de Río Negro para sostener el sistema, distribuidos en diez cuotas y canalizados mediante el Municipio hacia la concesionaria.

La controversia aparece porque semejante volumen de recursos convive con los problemas que durante años rodearon al servicio. Mi Bus atravesó conflictos salariales, medidas de fuerza y cuestionamientos por la prestación, mientras el transporte público continúa siendo uno de los principales dolores de cabeza cotidianos para miles de barilochenses.

Cortés llegó al Palacio Municipal con un discurso de enfrentamiento contra las estructuras tradicionales y con la promesa de administrar los recursos públicos pensando primero en los vecinos. Sin embargo, su gestión terminó sosteniendo con una caja multimillonaria a una compañía privada vinculada a un poderoso empresario de otra provincia.

No es la primera vez que las cuentas de la administración municipal quedan atravesadas por cifras difíciles de ignorar. Durante 2026 también aparecieron cuestionamientos por el volumen destinado a publicidad oficial y contrataciones vinculadas a la promoción de la ciudad, mientras Bariloche continúa acumulando necesidades estructurales.

Así, detrás del boleto de colectivo aparece una caja mucho más grande. Los vecinos pagan cada vez que suben a una unidad, pero el Estado también desembolsa millones para mantener funcionando el sistema. Mientras Cortés intenta consolidar su poder político en Bariloche, Mi Bus continúa recibiendo, semana tras semana, recursos públicos que ya se cuentan por miles de millones de pesos.