El PRO Buenos Aires expresó su más enérgico repudio frente a los gravísimos casos de abuso sexual que se investigan en el ámbito del Senado de la provincia de Buenos Aires y exigió explicaciones públicas y colaboración judicial por parte del gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el PRO bonaerense reclamó que las máximas autoridades provinciales realicen aportes concretos a la Justicia para esclarecer una causa que involucra hechos de extrema gravedad institucional. Desde el espacio advirtieron que no se puede permitir que denuncias de este tenor “pasen desapercibidas” ni queden envueltas en silencio político.

El diputado nacional y presidente del PRO Buenos Aires, Cristian Ritondo, fue especialmente duro al referirse a la actitud del oficialismo provincial. “El silencio cómplice del kirchnerismo frente a los casos de abuso sexual en el Senado de la provincia aturde. A casi un mes de esta noticia, ni Kicillof ni Magario colaboraron con la Justicia para impulsar a fondo la investigación. Ni siquiera hablaron del tema, cuando siempre son los primeros que quieren embanderarse con los derechos humanos. Muchachos, la doble vara se nota mucho”, afirmó.

En la misma línea, la diputada nacional Florencia De Sensi denunció una conducta reiterada del kirchnerismo ante este tipo de hechos y sostuvo que existe un patrón de encubrimiento frente a denuncias de abuso, recordando antecedentes recientes en otros distritos de la provincia.

Los pronunciamientos del PRO se apoyan en las denuncias públicas impulsadas por el concejal platense Nicolás Morzone, quien viene reclamando respuestas institucionales ante una investigación judicial que ya cuenta con al menos seis denunciantes y que indaga abusos sexuales cometidos durante más de una década.

Según surge de la causa, dos empleados del Senado bonaerense, identificados como Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, fueron detenidos el 29 de diciembre tras allanamientos en la ciudad de La Plata.

La investigación sostiene que algunos de los abusos habrían ocurrido dentro de oficinas del propio Senado provincial, involucrando a jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad, presuntamente captadas bajo promesas de empleo estatal y luego sometidas mediante mecanismos de manipulación, coerción y abuso de poder.

Morzone presentó pedidos de informes dirigidos a la vicegobernadora Magario y a áreas de seguridad, solicitando precisiones sobre la falta de pronunciamiento institucional, las acciones adoptadas, las eventuales responsabilidades administrativas y las medidas de asistencia a las víctimas. Además, impulsó la creación de una comisión especial para dar seguimiento al caso.

Desde el PRO Buenos Aires reiteraron que la defensa de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos deben estar por encima de cualquier especulación política, y reclamaron que el Gobierno provincial abandone el silencio y colabore activamente con la Justicia para evitar la impunidad.