El gobierno municipal de Lincoln, encabezado por el intendente Salvador Serenal (UCR), quedó bajo la lupa del Concejo Deliberante. El bloque PRO presentó, por iniciativa de la concejal Sofía Arning, un proyecto para que el Ejecutivo informe si un vehículo municipal fue utilizado para trasladar a integrantes de la Juventud Radical local a un encuentro partidario realizado en Chacabuco en octubre pasado.

Al día de ayer, el expediente ya había ingresado y se encontraba en estado de “Orden del Día”. La iniciativa pone en cuestión el manejo de los recursos públicos bajo la gestión de Serenal. El fundamento es directo: los bienes del Municipio deben administrarse estrictamente para los fines a los que están destinados, y emplear uno de sus vehículos en una actividad político-partidaria constituiría un uso indebido del patrimonio del Estado.

El escenario resulta especialmente sensible por el contexto. El propio jefe comunal reconoció públicamente que las finanzas del distrito están en un estado tenso y delicado: en septiembre implementó un esquema segmentado de pagos, en el que la planta permanente percibió el cien por ciento de sus sueldos el día 30 de ese mes, mientras que la política cobró en dos partes (la mitad esa misma jornada y el resto, el 15 de octubre). “La situación se agrava y el temor es entrar en descubierto... Si hoy tuviéramos que pagar aguinaldos, no tendríamos plata”, advirtió Serenal, quien atribuyó la crisis a la caída de la recaudación y de la coparticipación, a la recesión nacional y a la presión del sistema sanitario local.

El presupuesto 2026, presentado por un total de $54.903 millones, pone el foco en Salud (cerca de $3.880 millones) y en Servicios Públicos (unos $7.433 millones), y convive con medidas de contención, como un plan de regularización de deudas de tasas comunales con descuentos en los intereses y la priorización estricta de los gastos esenciales. En ese marco de ajuste y austeridad declarada, la pregunta del bloque PRO adquiere un peso adicional: si faltan fondos para pagar sueldos y aguinaldos, cualquier uso de la flota municipal con fines partidarios resulta aún más difícil de justificar.

El pedido surge de publicaciones en redes sociales que muestran a empleados municipales y a miembros de la agrupación local en la reunión de la Juventud Radical de la Cuarta Sección Electoral, en la que se renovaron las autoridades seccionales y Matías Carrettoni asumió como nuevo presidente. Del encuentro participaron representantes de varios distritos, entre ellos Lincoln.

En los considerandos del proyecto, Arning sostiene que “resulta necesario conocer los medios de transporte utilizados por los integrantes de la JR Lincoln para acudir a Chacabuco, ya que es de público conocimiento por las redes sociales del movimiento que empleados de la Municipalidad e integrantes de la Juventud Radical Lincoln han asistido”. Y agrega: “Han surgido consultas respecto de la posibilidad de que el traslado se haya realizado mediante un vehículo perteneciente a la flota municipal, sin contar hasta el momento con información oficial que permita confirmar dicha circunstancia”.

El caso cobra relevancia política porque Serenal es un referente del radicalismo en la región y aparece constantemente en la agenda local y provincial, desde actos de gestión hasta reuniones con el gobernador Axel Kicillof por la crisis hídrica. El uso de los rodados de la comuna durante su administración había pasado sin mayores cuestionamientos públicos, pero esta denuncia instaló la pregunta en el debate del distrito: si el Municipio difiere pagos para no entrar en descubierto, ¿con qué criterio se asignan los vehículos oficiales?

Si el proyecto prospera en la sesión, el Departamento Ejecutivo deberá responder formalmente sobre los medios de transporte que usó la delegación. Esa contestación, o su ausencia, podría derivar en un pedido de informes ampliado sobre el empleo de las unidades oficiales durante la gestión de Serenal, en un año en el que las cuentas municipales ya están en terapia intensiva.