Política | 19:39

Contratos bonaerenses

Sol Vial pasó de la causa por la gestión Garro a una obra bonaerense de 1.463 millones de pesos

Sol Vial SA, mencionada en una investigación judicial por presuntas irregularidades relacionadas con urbanizaciones privadas durante la administración de Julio Garro, integra junto a Hidraco SA la unión transitoria que obtuvo el contrato del OPISU.

Sol Vial SA volvió a obtener un contrato con el Estado al integrar junto a Hidraco SA la unión transitoria adjudicataria de una obra bonaerense por 1.463.481.625,22 de pesos. La decisión fue tomada por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, dependiente del gobierno de Axel Kicillof, mediante la licitación pública 24/2025.

El proyecto contempla pavimentación, desagües pluviales e iluminación de la calle 32. Según la resolución, la propuesta de la UTE cumplió con los requisitos establecidos y quedó 36,62 por ciento por debajo del presupuesto oficial actualizado.

La adjudicación vuelve a poner el foco sobre Sol Vial porque su presidente, Facundo Dadin, y su director suplente, Nahuel Julián Paradela, aparecen mencionados en actuaciones impulsadas por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por presuntas irregularidades relacionadas con urbanizaciones privadas durante la gestión de Julio Garro.

Paradela ocupó la Subsecretaría de Servicios Públicos municipal entre agosto de 2016 y diciembre de 2017, dentro de una estructura encabezada por Luis Barbier. Posteriormente pasó a integrar como suplente el directorio de Sol Vial, mientras Dadin asumió la presidencia de la compañía.

La investigación también identificó a la constructora entre las firmas que participaron de una rotonda vinculada al barrio La Cañada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el costo de esos trabajos habría aumentado tras modificaciones realizadas durante el trámite municipal.

Las actuaciones y testimonios mencionados no acreditan que Barbier sea propietario de Sol Vial ni prueban por sí mismos las presuntas irregularidades investigadas. La nueva adjudicación, sin embargo, vuelve a colocar a la empresa en el centro de la discusión sobre sus contratos públicos y los controles realizados sobre sus integrantes.

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