El contraste es elocuente. Mientras una obra privada con impacto ambiental avanza sin frenos efectivos, una inversión con potencial impacto laboral es detenida por decisión política. El problema no es el ambiente, sino a quién se le aplica el rigor del control y a quién no.

En ese marco, distintas fuentes señalan que Lucía Bogarín, directora de Ambiente, concentra un poder que excede su cargo, con capacidad de incidir en habilitaciones y frenos, incluso por encima del secretario del área, Edgardo Veble. La situación se tensó aún más cuando, según se indicó, gestionó directamente ante el intendente Walter Wischnivetzky la contratación de tres agentes municipales, sin consenso ni articulación interáreas.

La funcionaria se presenta como “técnica”, pero el ejercicio del poder descripto es claramente político: decidir sin articular, permitir sin explicar y frenar sin fundamentos públicos no es gestión técnica; es discrecionalidad. El caso del médano en Mar de Cobo se vuelve así un punto de inflexión y un símbolo de cómo el control puede volverse selectivo cuando se diluye el orden institucional.

La pregunta de fondo no es ambiental, sino política: ¿hay una política pública clara en materia de ambiente en Mar Chiquita o decisiones individuales con amplio margen de discrecionalidad? La sociedad no pide menos controles; pide reglas parejas, autoridad legítima y un Estado que no use el control como herramienta de poder interno. Porque cuando el ambiente se usa como excusa y no como política, se erosiona la confianza pública y la calidad democrática.