El anuncio oficial sobre el supuesto avance del 55 por ciento en la construcción de la nueva planta de tratamiento y red cloacal en Burruyacú (provincia de Tucumán), presentado como un hito histórico por el Ministerio de Obras Públicas provincial, quedó envuelto en fuertes cuestionamientos por parte de vecinos y sectores críticos, que denuncian inconsistencias técnicas, administrativas y ambientales en la ejecución del proyecto.

Según la comunicación oficial, la obra, impulsada por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y ejecutada bajo la órbita del ministro Marcelo Nazur, busca dar una solución definitiva a los problemas de saneamiento, eliminar focos de contaminación y mejorar la calidad de vida de unos 1200 vecinos. Además, se indicó que la finalización está prevista para julio de este año, lo que permitiría sentar las bases para un crecimiento urbano ordenado y sostenible en el este provincial.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con datos previos y con una causa judicial en curso. En la causa 1660/21, aún sin sentencia firme, se investigan presuntas irregularidades en el manejo de los fondos nacionales enviados en 2023 para la ejecución de la obra. Desde sectores denunciantes sostienen que el Poder Ejecutivo provincial intenta mostrar avances forzados para justificar los montos recibidos, luego de que el proyecto quedara bajo la lupa de la Justicia Federal.

Uno de los puntos más cuestionados es la evolución real de los trabajos. De acuerdo con documentación y registros anteriores, el año pasado la obra presentaba un avance del 73 por ciento, mientras que ahora se informa un 55 por ciento, lo que implica un llamativo retroceso. A esto se suma la construcción de dos pozos considerados excesivamente costosos, cuya ejecución no habría estado debidamente justificada dentro del proyecto original.

Las críticas también apuntan a la oportunidad y visibilidad de las tareas actuales, que, según denuncian, se intensificaron luego de la presentación de una denuncia federal, dando lugar a una puesta en escena de supuestas obras de cloacas ante los vecinos, en un intento por recomponer la imagen pública del proyecto.

En paralelo, se señala un grave conflicto de intereses que involucra al intendente local, quien habría adquirido recientemente una nueva finca para desarrollar un emprendimiento privado. Según las denuncias, esta compra se realizó en presunta violación a la Ley de Conservación del Suelo de la provincia de Tucumán, y se estarían trasladando grandes volúmenes de tierra desde zonas cercanas a la planta cloacal para nivelar el terreno, ubicado a apenas 50 metros de las instalaciones. Esta maniobra es presentada por los denunciantes como parte de una presunta estafa a la Nación y a los tucumanos.

Desde el punto de vista ambiental, también se cuestiona la localización de la planta. Especialistas y vecinos advierten que este tipo de instalaciones no deberían emplazarse a menos de 500 metros del ejido urbano, y remarcan que, si bien no se oponen a la ejecución de obras de saneamiento, consideran indispensable que las mismas se ubiquen a varios kilómetros de la ciudad, para minimizar riesgos sanitarios y ambientales.

En este contexto, el proyecto cloacal de Burruyacú, presentado oficialmente como un avance histórico, queda atravesado por sospechas, denuncias judiciales y fuertes reclamos sociales, que ponen en duda tanto su transparencia como su viabilidad ambiental. Mientras la obra continúa, crece la expectativa por definiciones judiciales que permitan esclarecer el destino de los fondos públicos y la real magnitud de los trabajos realizados.