Una querella amplió una denuncia penal por presunta contaminación atribuida a harineras del Puerto de Mar del Plata y formuló graves acusaciones contra diferentes organismos públicos y el Juzgado Federal 1. La presentación corresponde a Roberto Maturana y la abogada María Carpineto, quienes sostienen que existió una estructura que permitió prolongar durante años la situación denunciada.

Según el comunicado difundido por los denunciantes, un informe pericial del CONICET realizado sobre 1.082 muestras habría confirmado niveles críticos de cadmio. La querella señala además que existía una resolución del entonces OPDS de 2016 que establecía una adecuación obligatoria y recuerda que, en 2017, la Cámara Federal había ordenado investigar la actuación de los organismos de control.

El escrito apunta directamente contra el Juzgado Federal 1. Los querellantes lo acusan de haber mantenido durante diez años sin aplicación aquella resolución, desobedecido el mandato de la Cámara y convalidado informes sin convocar a los científicos del CONICET que habían intervenido en los estudios.

Las acusaciones alcanzan también al SENASA, al que atribuyen gestiones para elevar la tolerancia de cadmio, y a autoridades ambientales nacionales, que, según la presentación, habrían constatado emisiones un 2500 por ciento superiores a la norma y la existencia de chimeneas con bypass. Estos señalamientos forman parte de la denuncia de la querella y requieren resolución judicial.

El comunicado también cuestiona al Consorcio Portuario por presuntamente tolerar vertidos y plantas sin habilitaciones vigentes. A OSSE le atribuye haber aplicado recargos por efluentes tóxicos, mientras que contra ADA sostiene que constató un caño clandestino y una depuradora vacía pero no dispuso una clausura.

La presentación incorpora además cuestionamientos al INTI. Según los denunciantes, el organismo habría trabajado como consultor privado de una de las harineras y acordado comunicarle previamente a la empresa la entrega de pericias destinadas a la Justicia.

“La Justicia Federal cajoneó la resolución que frenaba el daño y desobedeció a la Cámara para operar como escudo de impunidad mientras la población absorbe metales pesados”, sostuvo la querella. A partir de estas acusaciones, Maturana y Carpineto solicitaron la indagatoria inmediata de directivos e inspectores involucrados en los hechos denunciados.