La disputa por el futuro de Punta Mogotes llegó a la Legislatura bonaerense con un proyecto que propone anular las recientes prórrogas otorgadas a los concesionarios del complejo. La iniciativa fue presentada por los diputados Alejandro Rabinovich y Diego Garciarena y apunta sobre las Actas 1310 y 1321, además de los actos administrativos derivados de ellas.

Las extensiones alcanzan a los 24 balnearios y fueron aprobadas por mayoría dentro del Consejo de Administración. Fernando Maraude y Gonzalo Raventos, representantes provinciales, votaron favorablemente, mientras que Carlos Aramburu, por el Municipio, se manifestó en contra. Los contratos quedaron extendidos hasta el 30 de junio de 2027 o hasta una nueva adjudicación, lo que ocurra primero.

El proyecto contempla garantizar la temporada 2026/2027, pero mediante permisos precarios, personales, intransferibles y revocables. Estos necesitarían autorización legislativa, no podrían superar el 30 de junio de 2027 ni generar ventajas para los actuales operadores en futuras licitaciones.

Rabinovich y Garciarena también buscan limitar la capacidad de los representantes provinciales para definir por mayoría cuestiones estratégicas. Si la propuesta se convierte en ley, necesitarían autorización previa de la Legislatura para aprobar pliegos, convocatorias, adjudicaciones, renovaciones, prórrogas o modificaciones sustanciales.

Ese aval debería establecer además aspectos como plazos, inversiones, obras, libre acceso, condiciones ambientales y de accesibilidad, cánones, garantías y preservación de fuentes laborales. De esa manera, las futuras licitaciones quedarían sujetas a una instancia previa en ambas cámaras bonaerenses.

Los legisladores vinculan además la iniciativa con la discusión sobre un eventual traspaso de Punta Mogotes a General Pueyrredon. Sostienen que contratos de largo plazo podrían condicionar las decisiones municipales si el complejo finalmente pasa a su órbita.

El proyecto exige también reunir los antecedentes de las concesiones vencidas, contratos, dictámenes, cumplimiento de cada concesionario y actuaciones sobre los nuevos pliegos. Esa documentación debería posteriormente ser remitida a ambas cámaras de la Legislatura.