Tras una serie de denuncias por el deterioro de la infraestructura vial y los probables riesgos en la salud pública, las autoridades judiciales y los organismos de control confirmaron la radicación formal y el inicio de los trámites correspondientes.

Según la información oficial detallada en el documento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Defensoría del Pueblo han dado curso a diversas reclamaciones mediante la asignación de números de expediente e investigaciones penales preparatorias.

En el ámbito judicial provincial, la Fiscalía de Trenque Lauquen abrió la investigación preparatoria 17-004801-26/00 referida al estado de la Ruta Provincial 65. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio llevará a cabo auditorías sobre las condiciones de la traza que une a Guaminí con los distritos vecinos, basándose en pruebas aportadas que señalan la existencia de baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas y un puente derrumbado.

Por su parte, en la esfera federal, la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca avanza procesalmente con la causa COBIRON 146212/2026 vinculada a la Ruta Nacional 33. En este expediente, el Ministerio Público Fiscal investiga la omisión de mantenimiento, la paralización de las obras en el tramo Guaminí-Tornquist-Bahía Blanca y el abandono del nodo vial conocido como El Cholo.

Las quejas y pedidos de intervención también alcanzaron a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. En su sede central de La Plata, el organismo a cargo de Guido Lorenzino asignó el número de expediente 30310/2026 a un reclamo por el cobro ilícito de peajes en zonas donde no se han realizado obras, una presentación que ya sumó más de cien adhesiones ciudadanas.

Asimismo, la delegación de Coronel Suárez de la Defensoría provincial confirmó la apertura del expediente 37664/2026. Este reclamo de índole ambiental se centra en el sistema de cloacas de la localidad de Huanguelén, denunciando el deficiente funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes y exigiendo a la empresa prestadora un plan de adecuación sanitaria y remediación.

Desde el espacio que impulsó las denuncias se destacó que la obtención de estas respuestas formales y números de expediente demuestra el peso institucional de las presentaciones ciudadanas. Se remarcó que no se trata de reclamos aislados o al aire, sino de investigaciones preparatorias concretas, y se ratificó el compromiso de realizar un seguimiento de cada causa hasta que las soluciones y las obras lleguen a los pueblos de la región.