Por Ariel Layera

La política argentina tiene una vieja costumbre: hacer el puente sin río. Primero lo inaugura, después ve si hace el río. Así nació la Ley 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil Nacional.

Publicada el 9 de marzo en el Boletín Oficial, en su artículo 1 establece que son punibles desde los 14 años. Entró en vigencia el 5 de septiembre. Sobre el papel, en sus artículos 27 al 33, exige institutos especializados, separados de los mayores, con personal capacitado, atención médica y psicológica, equipos interdisciplinarios, formación laboral y educación.

En la realidad, ese continente no existe.

Y el dato más contundente es la capacidad. Según el último relevamiento oficial del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (2023), la Provincia de Buenos Aires dispone de apenas 540 plazas en todo su sistema de encierro juvenil y ya operaba al 83% de ocupación antes de la baja de edad. Otros informes nacionales ubican a Buenos Aires como la provincia con más pibes por causas penales: 578 de los 2.377 que hay en todo el país, concentrando, junto a Córdoba, el 75% del total.

En Mar del Plata, la situación es gráfica. En una visita del juez de Garantías al complejo de Batán, se constató que el Centro de Contención CEA tiene cupo para 8, pero había 9 alojados, uno de ellos durmiendo en un colchón en el piso. El Centro Cerrado cuenta con 24 plazas y había 27 personas. Ambos operan constantemente al máximo de su capacidad. El personal no fue capacitado para la nueva franja de 14 años, no cuenta con armamento no letal ni tiene protocolos.

La propia ley permite que un adolescente sea pasible de prisión si acumula causas, pero ¿prisión dónde? Para que haya prisión, tiene que haber una prisión. Hoy no hay.

¿Y cómo va a construir la Provincia esa infraestructura si el Ejecutivo Nacional le debe, según el propio Ministerio de Economía bonaerense, casi 13 billones de pesos? El ministro Pablo López detalló que la mitad corresponde a obras comprometidas y unos 6 billones son deudas directas. Meses después, la Provincia actualizó el reclamo a 15 billones y, para marzo de 2026, el cálculo oficial ya era de 16,7 billones, con 8 demandas presentadas ante la Corte Suprema.

No se le puede exigir a la Provincia que gaste en construir nuevos institutos sin los fondos que Nación no gira.

Por eso es tan importante el fallo de hoy. La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Lomas de Zamora, en la causa 40881 del Hogar de Cristo, hizo lugar al hábeas corpus preventivo colectivo y dictó una cautelar que suspende la aplicación.

La jueza lo dijo clarísimo: “Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.

No es pegarle al gobernador. Es pegarle a una ley agarrada de los pelos, sancionada por el Congreso Nacional sin financiamiento real.

Primero se hace el río. Después, el puente. No al revés.