Pedro María Lantarón, influencer libertario identificado en redes como “elPittttt”, quedó en el centro de la polémica tras confirmarse su paso por la Casa Rosada y su posterior incorporación al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), uno de los organismos más cuestionados por el propio espacio político al que pertenece.

Según se desprende de registros oficiales y fue confirmado públicamente, Lantarón llegó a autorizar ingresos a la Casa Rosada a mediados de julio, un dato que expuso su cercanía con el círculo de poder libertario, pese a no ocupar formalmente un cargo jerárquico en ese momento.

Posteriormente, su destino laboral quedó fijado en el INCAA, organismo que el prescindente Javier Milei y su entorno señalaron reiteradamente como símbolo del gasto estatal y la “cultura subsidiada”.

La confirmación llegó por boca del propio titular del organismo, Carlos Pirovano, quien explicó que Lantarón fue incorporado tras el cierre de la Subgerencia de Comunicaciones, área que contaba con unas 30 personas, de las cuales cuatro manejaban redes sociales. “Se los sustituyó por una persona”, justificó el funcionario, en referencia directa al influencer libertario.

El caso de Lantarón resulta especialmente sensible porque construyó su perfil público desde una crítica constante al Estado, a los empleados públicos y al financiamiento estatal de la cultura, línea discursiva central del mileísmo. Sin embargo, su desembarco en un organismo nacional reavivó los cuestionamientos por la contradicción entre el discurso libertario y la práctica concreta.

Además, Lantarón participó de encuentros y eventos conocidos como “misas” del influencer Daniel Parisini, alias “el Gordo Dan”, uno de los principales armadores digitales del oficialismo, aunque este último negó que Lantarón integrara su equipo formal o el canal de streaming Carajo.

El recorrido de Pedro María Lantarón se suma así a una serie de casos que ponen en tensión la prédica contra el Estado y el ingreso efectivo de influencers libertarios a la estructura estatal, especialmente en áreas que el propio Gobierno prometió achicar o desmantelar.