Por Ariel Layera, ex asesor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

La propuesta de trasladar el Complejo Penitenciario de Batán fuera de General Pueyrredón ha dejado de ser un debate urbano para convertirse en una flagrante maniobra de distracción política.

El oficialismo local insiste en agitar la relocalización carcelaria bajo la falsa promesa de que alejar los pabellones de la periferia marplatense erradicará el crimen automáticamente. Detrás del efectismo publicitario de mudar ladrillos, se esconde la realidad de una gestión municipal desbordada y carente de respuestas de fondo.

La cortina de humo: la inacción total de la gestión de Neme

La insistencia en trasladar la cárcel carece de sustento empírico y sirve para desviar el foco de la verdadera urgencia del distrito. El mapa del delito local responde a dinámicas socioeconómicas complejas, al avance del narcotráfico barrial y a la falta de prevención en el territorio. El centro del problema radica en la alarmante ausencia de un plan de seguridad integral por parte del intendente interino Agustín Neme.

Mientras los barrios marplatenses sufren una escalada de violencia y falta de patrullaje preventivo, el Ejecutivo municipal ensaya discursos mediáticos sobre el penal de Batán. Así, intenta evadir su responsabilidad directa en la custodia de las calles mediante soluciones mágicas.

Los vecinos no necesitan costosas promesas edilicias a largo plazo; exigen respuestas inmediatas con tecnología, presencia policial eficiente y corredores seguros en los puntos críticos de la ciudad.

El caos operativo y el perjuicio logístico

Desde una perspectiva estrictamente judicial y operativa, desplazar una infraestructura de la escala de Batán constituye un despropósito logístico. La ubicación actual del complejo penitenciario atiende a una lógica de proximidad estratégica con el Departamento Judicial de Mar del Plata.

Mudar las unidades a decenas de kilómetros paralizaría la dinámica procesal ordinaria:

• Costos exponenciales: multiplicaría el gasto en combustible, móviles y personal de custodia para los traslados diarios.
• Dilación de causas: el riesgo y los tiempos de viaje demorarían las audiencias y juicios orales.
• Ineficiencia administrativa: forzaría una descentralización territorial extrema en un sistema que ya funciona al límite de sus recursos logísticos.

Destrucción de la resocialización y aumento de la reincidencia

El impacto social y humanitario de un eventual traslado es quizás el argumento más crítico desde el punto de vista criminológico. El derecho a la reinserción social obliga constitucionalmente a favorecer el mantenimiento de los lazos familiares y afectivos de los internos.

Alejar a la población carcelaria de su región de origen condena a las familias (en su mayoría pertenecientes a sectores de extrema vulnerabilidad) a afrontar costos de transporte prohibitivos para realizar las visitas obligatorias.

La evidencia internacional es contundente: un interno aislado, privado de su red de contención familiar y social externa, tiene tasas de reincidencia significativamente más altas al recuperar la libertad. Lejos de pacificar la región, la mudanza crearía individuos más alienados y hostiles que inevitablemente regresarán a convivir en las calles marplatenses.

Propuestas alternativas ante un debate ficticio

El verdadero desafío que debe priorizarse no es la relocalización de las rejas, sino la readecuación y saneamiento de la infraestructura existente para cumplir con los estándares legales. Frente al relato de la mudanza, el camino racional es avanzar con los planes de inversión proyectados por la provincia para renovar las instalaciones vigentes.

En lugar de perseguir consignas efectistas para el titular de un diario, la administración del intendente Neme debe asumir su competencia territorial.

General Pueyrredón no resolverá sus problemas de inseguridad escondiendo la basura debajo de la alfombra regional, sino invirtiendo de manera real en prevención vecinal, control en las calles y articulación social.