Bajo la administración de Jorge Macri, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acumula un déficit habitacional que supera los 650 mil habitantes en emergencia, mantiene 340 mil viviendas deshabitadas y permite más de 5 mil desalojos cada año, mientras recorta el presupuesto para personas en situación de calle, criminaliza la pobreza y favorece a las grandes desarrolladoras inmobiliarias.

Contexto histórico

Hace 70 años, el derecho a la vivienda en CABA era garantizado por el Estado mediante la construcción de barrios obreros y créditos hipotecarios accesibles, impulsados durante el yrigoyenismo y el peronismo 

A partir de 1977, con la gestión de Osvaldo Cacciatore y luego durante los '90 de Carlos Saúl Menem, el modelo urbano viró hacia la mercantilización del suelo, sacrificando el acceso de los trabajadores .

La crisis habitacional hoy

Según un informe de Pacourondo, 340 mil viviendas porteñas (el 24 por ciento del parque total) permanecen vacías, mientras miles de familias carecen de dónde vivir.

El negocio inmobiliario especulativo agrega 220 mil unidades ociosas como reserva de valor, encareciendo precios y expulsando a los sectores de ingresos bajos.

En promedio, 5 mil familias son desalojadas al año en CABA, según reportes de El Grito del Sur, una cifra que refleja la criminalización de la falta de vivienda.

Solo el 52 por ciento de los porteños son propietarios y cerca del 40 alquilan, con contratos cada vez más cortos y vulnerables tras la derogación de la Ley de Alquileres.

Más de 650 mil vecinos viven en emergencia habitacional, incluyendo asentamientos informales, hacinamiento y falta de servicios básicos.

La gestión de Jorge Macri en la mira

Bajo su administración, el Gran Buenos Aires (GBA) cambió el enfoque de la política de vivienda, reemplazando programas de acceso por una agenda enfocada en la represión y el desalojo de quienes no pueden pagar alquileres o adquirir propiedades.

Mientras Propuesta Republicana (PRO) modifica el Código Urbanístico para beneficiar a grandes desarrolladoras, el presupuesto para atención de personas en situación de calle y políticas habitacionales cae de manera sistemática.

Voces de la oposición

Barbara Rossen, arquitecta y candidata a legisladora, propone reimpulsar créditos hipotecarios públicos, regular el uso del suelo con esquemas de “terreno, proyecto y precio” y fortalecer la integración socio-urbana de las villas con participación vecinal.

Su visión plantea recuperar el rol del Estado como garante del derecho a la vivienda, en contraste con el modelo actual de especulación y expulsión.