El presupuesto educativo destinado a la compra de equipamiento escolar en la Ciudad de Buenos Aires registró una caída del 54,4 por ciento durante 2024, según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. El relevamiento evaluó la gestión de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, y fue aprobado en octubre de 2025. De acuerdo al documento, de los 5.040.687.532 pesos asignados originalmente a la partida de “equipamiento mobiliario”, solo 2.299.161.390 pesos quedaron finalmente vigentes. Aunque de ese monto disponible se ejecutó el 95,06 por ciento, la Auditoría advirtió que el fuerte recorte redujo de manera significativa la capacidad del sistema educativo para renovar y sostener infraestructura básica en las escuelas. La disminución presupuestaria se concretó a través de cinco resoluciones ministeriales, de las cuales tres no fueron publicadas en el Boletín Oficial, incumpliendo lo establecido por la Ley 70 de Administración Financiera. Según la AGCBA, esta omisión afecta la transparencia de la gestión presupuestaria y vulnera los principios de publicidad y control que deben regir el uso de fondos públicos. Además del análisis financiero, el organismo auditó 18 establecimientos educativos para constatar la entrega de mobiliario y detectó debilidades en el destino del equipamiento y en la trazabilidad de los bienes adquiridos. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó un desvío de 260 sillas que debían ser entregadas a la Escuela Superior de Educación Artística en Danzas número 2 “Jorge Donn” y terminaron en instituciones no previstas en los expedientes. También se observaron irregularidades en el programa Jornada Extendida, donde mesas y bancos asignados a clubes específicos no se encontraban en los lugares declarados, afectando el control patrimonial y la planificación operativa. La Auditoría concluyó que estas situaciones evidencian fallas en los controles internos y recomendó reforzar los mecanismos de seguimiento, coordinación y rendición de cuentas para garantizar el uso adecuado de los recursos educativos.