El presidente Javier Milei firmó este domingo un decreto de veto parcial sobre 3 proyectos recientemente aprobados por el Congreso, una maniobra política que trasciende el terreno legislativo y busca tensionar a los mandatarios provinciales a menos de una semana del cierre de listas para las elecciones legislativas.

Las disposiciones frenadas por el Ejecutivo incluían un aumento del 7,2 por ciento para jubilaciones y pensiones, la elevación del bono de 70 mil a 110 mil pesos con ajuste automático según la inflación, la prórroga por 2 años de la moratoria previsional y la extensión de la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026 con revisiones trimestrales de las prestaciones.

Hasta ahora, el Gobierno justifica el veto en la necesidad de "controlar el gasto público" y "evitar desbordes presupuestarios", aunque el efecto político es indiscutible: utilizar los recursos sociales como moneda de cambio electoral.

Fuentes oficiales reconocen que el mensaje está dirigido a los gobernadores de provincias clave, especialmente aquellos que aún evalúan alianzas con La Libertad Avanza (LLA).

El plazo para el cierre de frentes y precandidaturas vence el próximo jueves 7 de agosto, y en Balcarce 50 confían en que la presión inducirá a referentes provinciales a sellar acuerdos con el oficialismo o, en su defecto, a moderar las exigencias con kirchneristas y massistas para evitar dejar vacantes internas que perjudiquen a las listas.

En las filas de la oposición, Unión por la Patria (UxP), Democracia Para Siempre, Encuentro Federal (EF) y Coalición Cívica ARI (CCA) ya analizan convocar a una sesión especial para intentar levantar el veto, aunque reconocen que días hábiles y quórum podrían complicar esa estrategia antes del receso parlamentario de fin de mes.

En provincias gobernadas por la Unión Cívica Radical (UCR) y Propuesta Republicana (PRO), algunos ministros de Economía locales admiten que la medida "descoloca" la planificación presupuestaria, al tiempo que evalúan si acompañar o rechazar públicamente el rechazo de las normas.

Con el Ejecutivo midiendo cada paso con miras a los comicios de octubre, el veto de Milei no solo reaviva el debate sobre el rol del Congreso en la definición de políticas sociales, sino que pone en agenda un nuevo capítulo de tensión federal mientras se definen candidaturas y alianzas provinciales. La pulseada continúa.