La Libertad Avanza (LLA), uno de los principales partidos políticos del país, ha tomado una medida drástica al denunciar a uno de sus propios miembros.

La agrupación local de Monte emitió un comunicado y presentó una denuncia formal contra Víctor Albertarrio, referente del partido en la zona y jefe regional de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) en Monte.

Las acusaciones son graves: Albertarrio habría utilizado vehículos oficiales de ANSeS para fines personales, lo que constituye una violación ética y un delito penal bajo la ley argentina.

Un referente bajo la lupa

Víctor Albertarrio ha sido una figura clave en el escenario político de Monte, desempeñándose tanto como líder local de La Libertad Avanza como jefe regional de ANSeS, la entidad encargada de administrar la seguridad social en el país.

En su rol en ANSeS, Albertarrio tiene la responsabilidad de supervisar la distribución de beneficios sociales y garantizar la correcta gestión de los recursos públicos en la región.

Sin embargo, según la denuncia presentada por la agrupación local de LLA, habría abusado de su posición al utilizar vehículos oficiales para actividades personales, como paseos familiares, diligencias privadas e incluso para transportar bienes durante mudanzas.

Estas acciones no solo representan una falta de ética, sino también un uso indebido de recursos públicos, que están destinados exclusivamente para funciones oficiales.

Un delito tipificado: peculado de uso

Bajo la ley argentina, el uso indebido de bienes públicos, como vehículos oficiales, se considera una forma de peculado de uso. Este delito está tipificado en los artículos 261 y 263 del Código Penal de la Nación Argentina, que abordan la malversación de caudales públicos.

Según estos artículos, cualquier funcionario que sustraiga o utilice indebidamente fondos o bienes confiados a su cargo para fines personales puede enfrentar penas de prisión de entre 2 y 10 años, además de una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

La gravedad de este delito radica en el abuso de la confianza depositada en los funcionarios y el perjuicio que causa al erario público.

Transparencia en juego

La denuncia presentada por LLA en Monte no solo busca sancionar a Albertarrio, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y el uso adecuado de los recursos estatales.

En un contexto donde la confianza en las instituciones públicas es fundamental, acciones como estas debilitan la credibilidad del sistema y afectan directamente a la sociedad. Por ello, es crucial que los ciudadanos estén informados y sepan cómo actuar si son testigos de situaciones similares.