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Mar Chiquita terceriza la recaudación y abre un proceso licitatorio bajo la lupa

El Municipio lanzó una licitación para delegar en privados la gestión de ingresos y la modernización tributaria, con un esquema de riesgo empresario que promete eficiencia, pero también despierta interrogantes sobre control, costos y transparencia.

El Municipio de Mar Chiquita avanza con un proceso de licitación pública que apunta a un aspecto clave de su administración: la recaudación. Según surge del documento oficial, la comuna busca contratar un servicio especializado para el relevamiento, apoyo y asistencia en la gestión de ingresos, con el objetivo declarado de fortalecer y modernizar su sistema tributario.

La iniciativa se enmarca en la necesidad de optimizar el cobro de distintas tasas municipales y mejorar el control sobre los recursos que ingresan a las arcas locales.

Para ello, el municipio decidió no encarar la modernización únicamente con recursos propios, sino convocar a un prestador externo que trabaje bajo la modalidad de riesgo empresario. Esto implica que el éxito económico del contratado estará directamente ligado a su capacidad de incrementar la eficiencia recaudatoria, asumiendo parte del riesgo del proceso .

El servicio que se busca contratar es amplio y abarca desde la modernización del cobro de tasas vinculadas al catastro, el uso de espacios públicos y la habilitación e inspección de antenas de comunicación, hasta la Contribución Obligatoria sobre la Valorización Inmobiliaria. Además, el pliego prevé la implementación de nuevos sistemas informáticos, la identificación de deudores y la elaboración de propuestas normativas que permitan actualizar la administración tributaria local.

La licitación está abierta tanto a personas físicas como a empresas, siempre que cumplan con una serie de requisitos estrictos. Entre ellos, no registrar deudas con la Municipalidad de Mar Chiquita, no mantener litigios judiciales contra el Estado local y no haber sido sancionados previamente por incumplimientos contractuales. El objetivo, según se desprende del texto, es garantizar que solo participen oferentes en regla y sin conflictos de interés.

El procedimiento establece la presentación de las propuestas en dos sobres cerrados. En el primero se evalúan los antecedentes legales, técnicos y financieros del oferente, junto con una garantía de oferta de un millón de pesos, destinada a asegurar la seriedad de la propuesta. Solo quienes superen esta instancia acceden a la apertura del segundo sobre, que contiene la oferta económica y el plan de trabajo.

La selección del adjudicatario no se define únicamente por el precio. El sistema de evaluación prevé un puntaje máximo de 100 puntos, donde la experiencia y los antecedentes pesan la mitad de la calificación total, con especial énfasis en áreas sensibles como la valorización inmobiliaria y las tasas vinculadas a antenas y estructuras portantes. A esto se suman la calidad del plan de trabajo y la propuesta económica.

En conjunto, el proceso de licitación refleja la intención del municipio de dotarse de herramientas modernas para mejorar su recaudación, bajo un esquema que, al menos en lo formal, pone el acento en la transparencia, la competencia en igualdad de condiciones y la solvencia técnica y financiera de quienes aspiren a quedarse con el contrato.

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