En las últimas semanas, el juez federal Alfredo López ha sido objeto de una campaña orquestada por un grupo de periodistas y activistas ligados al Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), con el respaldo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la diputada Sabrina Ajmechet.

Detrás del velo de "defensa de la comunidad judía", se esconde un intento de someter al magistrado López a presiones políticas y coartar su independencia.

Desde el inicio de esta controversia, figuras como Ezequiel Spillman, Ignacio "Nacho" Ortelli y Nicolás Singer han utilizado sus plataformas mediáticas para calificar al magistrado de "antisemita" e incluso de "nazista".

Spillman, por ejemplo, difundió en redes sociales un comunicado de FACA celebrando la apertura de una investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura. Ortelli ironizó sobre la supuesta contradicción de investigar a un juez por sus opiniones, mientras Singer llegó a escribir en un tuit que López sería "un impresentable nazi", comentario por el cual el magistrado anunció acciones legales por agravios.

Sin embargo, detrás de estos agravios se percibe una clara intencionalidad política. Las intervenciones de estos periodistas no buscan salvaguardar la convivencia democrática, sino erosionar la figura de un magistrado que ha demostrado, en su larga trayectoria, compromiso con la Constitución y la legislación argentina.

El equiparar sus opiniones (por polémicas que resulten) con un discurso de odio universal no es más que un recurso para deslegitimar su investidura y presionar al Poder Judicial en favor de sectores militantes pro Israel.

Es fundamental recordar que, en nuestra democracia, la libertad de pensamiento y expresión protege también a los jueces, siempre que no incurran en actos de ilícito. Hasta el momento, las presuntas declaraciones antisemitas de López deben examinarse con rigor procesal, sin caer en campañas de difamación impulsadas por militantes sionistas.

El juez continúa al frente de investigaciones claves en Mar del Plata, manteniendo su independencia y apego a la ley. Y mientras el Consejo de la Magistratura estudia la denuncia, la ciudadanía exige que no se convierta en un mecanismo de disciplinamiento ideológico.

En definitiva, las verdaderas víctimas de esta confrontación son la imparcialidad judicial y el derecho del juez Alfredo López a un proceso justo. Porque defender la diversidad de opiniones y garantizar la autonomía de los jueces es la mejor garantía contra cualquier forma de intolerancia, venga de donde venga.