El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, quedó envuelto en una fuerte polémica tras conocerse que otorgó subsidios estatales a represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria.

La información fue revelada por el medio Realpolitik, que detalló que los beneficios se canalizaron a través del Patronato de Liberados Bonaerense, organismo dependiente del Ministerio de Justicia provincial.

Según la investigación, al menos dos exmilitares condenados, Roberto Omar Grillo y Osvaldo Gaspar Siepe, recibieron subsidios de 90 mil pesos cada uno mediante el programa Acompañamiento en Libertad, una política pública diseñada originalmente para asistir a personas liberadas en situación de vulnerabilidad social y favorecer su reinserción.

La inclusión de condenados por crímenes del terrorismo de Estado dentro de este esquema generó un fuerte rechazo social y político. Así lo informó Realpolitik.

El programa en cuestión tiene como objetivo brindar asistencia económica y acompañamiento a quienes recuperan la libertad, con el fin de reducir los niveles de reincidencia y facilitar la inclusión social. Sin embargo, la aplicación de este beneficio a personas condenadas por secuestros, torturas y desapariciones forzadas durante la última dictadura militar expone una contradicción directa con el discurso histórico del kirchnerismo en materia de derechos humanos.

La nota de Realpolitik remarca que la medida despierta interrogantes sobre los criterios utilizados para la asignación de los subsidios, los mecanismos de control y la responsabilidad política de las autoridades provinciales. Además, plantea la falta de sensibilidad institucional frente al dolor de las víctimas y sus familiares, quienes desde hace décadas reclaman memoria, verdad y justicia.

En un contexto de fuerte ajuste presupuestario, crisis económica y recorte de programas sociales, la decisión de destinar fondos públicos a represores condenados resulta especialmente controvertida. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron la falta de explicaciones oficiales y reclamaron la inmediata revisión de estos beneficios.

El escándalo, según Realpolitik, reavivó el debate sobre los límites de la asistencia estatal y la coherencia del relato oficial, que históricamente sostuvo una postura intransigente contra los crímenes de la dictadura. Mientras el gobierno provincial guarda silencio, crecen los pedidos para que se esclarezcan las responsabilidades administrativas y políticas detrás de estas decisiones.