Daniel Domínguez, actual secretario de Protección Ciudadana del Municipio de Luján, se ha convertido en una de las figuras más cuestionadas del Gabinete del intendente Leonardo Boto.

Su desembarco al frente del área de Seguridad no solo generó sorpresa, sino también una fuerte polémica, al tratarse de un dirigente que ha reconocido públicamente ser "militante" y que no posee formación técnica, especialización ni trayectoria profesional en políticas de seguridad.

Lejos de exhibir un perfil vinculado a la prevención del delito, la gestión operativa o la conducción de fuerzas, Domínguez construyó su carrera dentro del ámbito político-administrativo y universitario, ocupando cargos en estructuras estatales y gremiales. Sin embargo, su llegada a un área tan sensible como la Seguridad dejó en evidencia una lógica de reparto político de cargos, donde la lealtad partidaria parece pesar más que la idoneidad.

En entrevistas públicas, el propio funcionario se definió sin rodeos como "militante", una confesión que, lejos de aclarar su perfil, profundizó las críticas. En un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad, el narcotráfico y el delito urbano, resulta alarmante que quien conduce la política de protección ciudadana admita no contar con preparación específica ni experiencia concreta en la materia.

La Seguridad no es un espacio para la improvisación. Requiere conocimiento técnico, formación profesional, planificación estratégica y capacidad de conducción operativa. Sin embargo, bajo la gestión de Domínguez, el área parece orientarse más a la puesta en escena, la propaganda oficial y la acumulación de anuncios que a la construcción de soluciones estructurales y sostenidas en el tiempo.

Si bien desde el Municipio se destacan incorporaciones de móviles, cámaras y dispositivos tecnológicos, los resultados reales siguen siendo materia de debate. Los vecinos continúan denunciando hechos delictivos, zonas liberadas, robos reiterados y un avance sostenido del narcomenudeo, problemáticas que requieren algo más que conferencias de prensa y actos protocolares.

La falta de formación específica de Domínguez se traduce en una conducción política del área, pero carente de una mirada técnica profunda. La Seguridad queda así subordinada a una lógica de militancia y gestión partidaria, en lugar de responder a un plan integral, profesional y evaluable.

El caso expone una práctica recurrente en la política local: la designación de funcionarios por cercanía ideológica y no por capacidad técnica. Una lógica que termina pagando la sociedad, obligada a convivir con un sistema de seguridad frágil, reactivo y con escasa planificación estratégica.

En tiempos donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, la figura de un secretario que se autodefine como militante, sin especialización ni experiencia comprobable en el área, aparece como un símbolo de la improvisación y el vaciamiento técnico del Estado municipal. Una decisión política que deja más preguntas que certezas y que vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de quienes gobiernan al momento de elegir a sus funcionarios.