En medio de un contexto social marcado por el aumento de los casos vinculados al narcotráfico y el consumo de drogas entre jóvenes, un hecho en el Colegio de Abogados de La Plata generó alarma entre padres y autoridades.

Se trata de Germán Leonardo Romero, quien actualmente se desempeña como bañero en la institución, y que cuenta con antecedentes penales graves.

Fuentes judiciales confirmaron que Romero fue investigado en la causa IPP 06-00-296438-2006, caratulada "Romero Germán Leonardo s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma civil", tramitada ante la Unidad Fiscal de Investigación 7 y el Juzgado de Garantías 4, y posteriormente elevada al Tribunal Oral en lo Criminal 5.

Lo preocupante no es solo la existencia de estos antecedentes, sino que Romero trabaja en un espacio recreativo del Colegio de Abogados donde asisten menores durante el verano. Este escenario plantea dudas sobre los controles internos de la institución y los criterios utilizados al contratar personal que interactúa directamente con niños y adolescentes.

La situación abre un debate sobre la responsabilidad institucional. ¿Puede considerarse negligente que una entidad con décadas de trayectoria permita que personas con causas judiciales graves tengan contacto con menores?

La ausencia de filtros adecuados se interpreta como un acto de descuido, sobre todo en un momento en que delitos relacionados con estupefacientes afectan a familias y escuelas por igual.

Desde la comunidad se exige un pronunciamiento público del Colegio de Abogados de La Plata, aclarando si conocía los antecedentes de Romero, qué medidas tomará y cuáles son los protocolos para verificar el historial de quienes trabajan con menores.

La confianza social no se construye solo con normas, sino con hechos concretos: transparencia, prevención y responsabilidad hacia las familias que confían la seguridad de sus hijos a estas instituciones.