En un nuevo capítulo de lo que parece ser una Justicia ciega y desconectada, la fiscalía número 7 de Villa Gesell decidió desestimar la denuncia presentada por el concejal de Villa Gesell, Luis Vivas, contra Miguel Ángel Cisneros.

El motivo: un video donde Cisneros, con un arma larga en mano, afirma "eso es la solución al problema". Para la fiscalía, esto no constituye una amenaza agravada según el Artículo 149 bis del Código Penal Argentino.

La resolución, basada en tecnicismos y una aparente indiferencia hacia el contexto, no solo pone en entredicho la capacidad del sistema judicial para proteger a los representantes electos, sino que envía un mensaje alarmante: la intimidación, si no es explícita, parece ser tolerable.

Un fallo que desafía el sentido común

La fiscalía justificó su decisión argumentando que la conducta de Cisneros no afectó la libertad de acción de Vivas y que el temor del concejal era meramente "subjetivo". ¿En serio? Un hombre aparece en un video con un arma larga, pronunciando una frase que sugiere violencia como solución, y la Justicia lo reduce a un miedo personal sin fundamento legal.

Esta interpretación del Artículo 149 bis (que castiga actos que "alarme o amedrente" a la víctima) es tan estrecha que parece escrita para proteger a quien intimida, no a quien se siente amenazado.

El video de Cisneros no es un chiste ni una expresión abstracta; es una imagen que, en cualquier contexto razonable, genera inquietud. Desestimarlo como insuficiente para proceder es un acto de negación que ignora cómo las amenazas implícitas, especialmente en un clima político polarizado, pueden socavar la seguridad y la estabilidad.

La fiscalía, al esconderse detrás de la letra fría de la ley, demuestra una desconexión preocupante con la realidad que viven los ciudadanos de Villa Gesell.

¿Imparcialidad o complicidad?

No es la primera vez que Luis Vivas se topa con una pared judicial. En febrero de este año, otra denuncia suya (por un supuesto intento de asesinato) fue archivada sin mayor investigación. Ahora, este nuevo rechazo alimenta las sospechas de que algo más está en juego.

¿Es coincidencia que las denuncias de un concejal incómodo para ciertos sectores sean sistemáticamente desestimadas? La opacidad del proceso y la falta de una explicación convincente por parte de la fiscalía solo refuerzan la idea de que la Justicia podría estar actuando con un sesgo que favorece a ciertos actores políticos.

En Villa Gesell, las tensiones políticas no son un secreto. El video de Cisneros, lejos de ser un incidente aislado, se inscribe en un contexto de enfrentamientos que la Justicia parece empeñada en ignorar. Al desestimar la denuncia, la fiscalía no solo deja a Vivas desprotegido, sino que legitima un ambiente donde las provocaciones violentas quedan sin castigo. Si esto no es complicidad, al menos es una negligencia que roza lo indefendible.

La comunidad abandonada

La decisión judicial no pasa desapercibida en Villa Gesell. Vecinos expresan en redes sociales su desconcierto y temor: "¿Qué tiene que pasar para que la Justicia actúe? ¿Qué alguien termine herido?".

La desestimación del caso envía un mensaje claro: si un concejal no puede encontrar protección frente a una imagen tan perturbadora, ¿Qué esperanza queda para el resto de la ciudadanía? La fiscalía, al calificar el miedo de Vivas como "subjetivo", desestima también el impacto colectivo de un acto que trasciende al individuo y afecta la confianza en las instituciones.

En un momento donde la polarización política alcanza niveles críticos, la Justicia debería ser un pilar de contención, no un espectador pasivo. Sin embargo, este fallo sugiere que las autoridades prefieren lavarse las manos antes que asumir la responsabilidad de investigar a fondo. La comunidad de Villa Gesell queda así expuesta, con la sensación de que la ley no está para proteger, sino para justificar la inacción.

La voz de Vivas: una denuncia de connivencia y desidia

En un video publicado en redes sociales, Luis Vivas, concejal de La Libertad Avanza (LLA), no solo expresó su indignación por la desestimación de su denuncia, sino que lanzó graves acusaciones contra el sistema judicial y político de Villa Gesell. "Buen día vecinos", comenzó, explicando que se enteró de la decisión judicial a través de un portal de noticias antes que por notificación oficial.

"Ni yo ni mi abogado fuimos notificados de nada, pero un portal sí fue notificado, un portal barrerista", afirmó, refiriéndose a un medio local alineado con el intendente Gustavo Barrera. Esta irregularidad, según Vivas, evidencia una "connivencia" entre el municipio, el portal y la Justicia.

Vivas detalló que la denuncia fue impulsada por la Policía Federal, que lo custodia tras una amenaza previa, y vinculó el video de Cisneros a un altercado en el Concejo Deliberante el día anterior. "No investigaron nada, a mí no me llamaron a declarar, tampoco a los 16 concejales que estábamos el día anterior cuando él me increpaba", señaló, recordando cómo la presidenta del Concejo le llamó la atención a Cisneros por su actitud.

Al día siguiente, Cisneros publicó el video con un arma de alto calibre, hablando de una "limpieza épica" y afirmando que "eso es la solución al problema". Para Vivas, el mensaje es inequívoco: "Si no lo tome como que me lo dijo a mí, tómelo como que él va a hacer una limpieza con esa arma. Está amenazando a la sociedad".

El concejal también apuntó al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, a quien acusó de inacción. "No sé cuál es su trabajo realmente", ironizó, recordando una conversación donde le advirtió que "la corrupción mata". Citó casos emblemáticos de Villa Gesell (un edificio colapsado con nueve muertos, vecinos descuartizados, muertes por negligencia) para ilustrar la inseguridad y la impunidad que, según él, reinan en la ciudad. "En una ciudad totalmente insegura donde no tenemos respuesta de la Justicia para nada, el procurador tiene que apretar un botón y fijarse lo que pasa", exigió.

Vivas no escatimó en ejemplos de lo que considera una Justicia permisiva. Mencionó una denuncia por violencia de género contra el intendente Barrera en 2017, archivada en una fiscalía de Pinamar, que no impidió su reelección en dos ocasiones.

También señaló el caso de Christian Angelini, un funcionario municipal condenado solo por "mal desempeño funcional" pese a estar involucrado en licitaciones fraudulentas y amenazas contra Vivas y un empresario de Bahía Blanca. "Es como que una persona rompe un vidrio, entra a una casa, roba, mata, viola y usted lo condena solo por romper el vidrio", comparó, criticando la desproporción entre los delitos y las sanciones.

Un llamado urgente a la acción

La desestimación de la denuncia de Vivas es más que un error judicial; es una señal de alarma sobre el estado de la Justicia en Villa Gesell. La fiscalía número 7 debe revisar este caso con urgencia, abandonar su postura legalista y considerar el peso real del video de Cisneros.

No se trata solo de cumplir requisitos formales, sino de garantizar que los representantes electos (y, por extensión, los ciudadanos) puedan desempeñarse sin temor a represalias o intimidaciones impunes.

La sociedad merece una explicación detallada y una rectificación de este fallo que, por su ligereza, parece más un acto de desidia que de justicia. Mientras las autoridades no asuman su rol con seriedad, la confianza en el sistema seguirá erosionándose, y Villa Gesell continuará atrapada entre la polarización y la indiferencia judicial.