Gladys Ibargoyen, una mujer de 85 años residente en Castelli, provincia de Buenos Aires, enfrenta una delicada situación tras ser maltratada y despojada de su lugar en un hogar de ancianos.

Según la denuncia, los hechos se desencadenaron luego de que su hijo Gustavo se negara a pagar una suma exorbitante de 740 mil pesos, que le habrían exigido como condición para su permanencia en el establecimiento, a pesar de que, por ley, solo correspondía abonar 200 mil, equivalente a la mitad de su jubilación.

La familia de Gladys ha iniciado acciones legales y se ha constituido como Particular Damnificado en una causa penal que apunta contra el director del hogar, Daniel De Oar. Exigen su renuncia como mínimo y aseguran que continuarán con el reclamo hasta obtener justicia.

En el marco de la causa, han surgido dudas sobre la imparcialidad del magistrado encargado del caso, ya que se sospecha que podría ser hermano del intendente de Castelli, Francisco Echarren. De confirmarse esta relación, se solicitará la recusación del juez para garantizar la transparencia del proceso judicial.  

La comunidad local observa con atención el desarrollo de esta causa, que pone en el centro de la escena la protección de los derechos de los adultos mayores y las posibles irregularidades en la gestión de instituciones públicas.