La licitación pública impulsada por el Municipio de Mar Chiquita para la contratación del servicio de relevamiento, apoyo y asistencia en la gestión de ingresos municipales abrió un escenario de fuerte exigencia para las empresas interesadas. Así lo expone un informe de análisis de riesgos y obligaciones que advierte sobre el elevado compromiso legal, financiero y operativo que implica presentarse al proceso identificado bajo el expediente 811-2025.

El llamado propone un esquema de "riesgo empresario", una modalidad que traslada al adjudicatario la responsabilidad casi total sobre los resultados de la gestión.

No hay pagos fijos garantizados: los ingresos de la empresa dependerán exclusivamente de su capacidad para generar nueva recaudación efectiva para el Municipio. En ese marco, el contrato prevé una duración inicial de 10 años, con posibilidad de prórroga por cinco más, lo que convierte a la decisión de participar en una apuesta de largo plazo.

Antes incluso de analizar la viabilidad económica, el pliego establece un filtro estricto de elegibilidad. Las empresas no pueden registrar deudas con la comuna, antecedentes de incumplimientos contractuales, sanciones recientes en registros de proveedores ni procesos concursales o de quiebra. Cualquier incumplimiento en estos puntos implica la exclusión automática de la licitación.

En el plano financiero, el primer compromiso concreto es la garantía de mantenimiento de oferta, fijada en un millón de pesos. Este respaldo puede instrumentarse mediante un depósito en efectivo o a través de un seguro de caución con condiciones particularmente exigentes. El riesgo no es menor: si la empresa adjudicada no firma el contrato dentro del plazo establecido, la garantía se pierde de manera inmediata.

Durante la ejecución del servicio, el régimen punitivo aparece como uno de los factores más sensibles. El Municipio está facultado a aplicar multas que van desde los 500 mil hasta los 5 millones de pesos por incumplimientos contractuales, montos que pueden duplicarse en caso de reincidencia. A esto se suman sanciones no económicas, como apercibimientos, suspensiones de hasta tres años o incluso la baja definitiva del registro de proveedores, con el consiguiente impacto reputacional.

El escenario se vuelve aún más crítico ante la posibilidad de rescisión anticipada del contrato. El pliego contempla la terminación unilateral por parte del Municipio ante incumplimientos graves, transferencia no autorizada del contrato, quiebra del contratista o hechos de corrupción. En esos casos, la empresa no solo pierde las garantías constituidas, sino que queda expuesta a reclamos por daños y perjuicios.

Otro punto central del análisis es la cláusula de indemnidad. El contratista asume la obligación de mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que surja de la ejecución del servicio, ya sea de terceros o de su propio personal. Además, carga con toda la responsabilidad civil y penal derivada de accidentes, daños o eventuales muertes, liberando por completo a la comuna de cualquier responsabilidad.

El informe concluye que la licitación configura un compromiso de alto riesgo, especialmente por tres factores: el modelo de pago basado exclusivamente en resultados, la exposición a sanciones económicas significativas y la responsabilidad legal prácticamente ilimitada. En ese contexto, se recomienda a las empresas interesadas realizar proyecciones financieras detalladas, revisar exhaustivamente sus coberturas de seguros y evaluar si cuentan con la estructura necesaria para afrontar un contrato de esta magnitud y duración.

Más allá del atractivo potencial del negocio, el mensaje que deja el análisis es claro: la licitación de Mar Chiquita no admite improvisaciones y exige una aceptación consciente de riesgos que pueden impactar de manera profunda en la estabilidad económica y legal del adjudicatario.