Vecinos de la ciudad bonaerense de Mercedes expresaron su indignación por una serie de operativos de tránsito que, según denuncian, se llevan adelante como represalia política tras la derrota electoral del intendente Juan Ignacio "Juani" Ustarroz.

A través de las redes sociales, ciudadanos aseguran que el municipio intensificó los secuestros de motos y vehículos, mientras aumentan las tarifas de servicios básicos como la luz.

De acuerdo con los testimonios difundidos, los operativos se concentran en los barrios donde el presidente Javier Milei obtuvo mayor respaldo en octubre. Los denunciantes afirman que los procedimientos son celebrados por empleados municipales cercanos al kirchnerismo y que se justifican en la aplicación "hipócrita" de la ley, mientras muchos de ellos incurren en infracciones similares.

Los reclamos también apuntan a la Secretaría de Seguridad, a cargo de Matías Maresca, señalada por prácticas irregulares. En redes sociales circularon fotos y videos de vehículos municipales circulando sin patente o en contramano. Entre los mencionados se encuentra Alejandro Freijo, militante de La Cámpora (LC), quien habría sido fotografiado en una moto oficial sin identificación.

Desde la oposición, las críticas son escasas. Según fuentes locales, parte del silencio se debe a vínculos entre referentes de distintos espacios políticos con el propio municipio. En ese sentido, se mencionó a Rafael Velásquez, dirigente de La Libertad Avanza (LLA) y ex militante camporista, cuya esposa, Paula Flores (conocida como "La Zorra"), trabaja actualmente en el área de Tránsito.

Los operativos de secuestro, según trascendió, habían sido postergados durante la campaña electoral por temor a un impacto negativo en la imagen del gobierno. Sin embargo, tras conocerse que cerca del 60 por ciento del electorado mercedino votó por Milei, el Municipio decidió reanudarlos con fuerza.

Los antecedentes en el área de Transporte no son alentadores. En 2022, un camión municipal atropelló y mató a una vecina de apellido Cabrera y se dio a la fuga. En junio de este año, un colectivo municipal sin seguro provocó un accidente con heridos. Ambos casos expusieron la falta de control interno y la precariedad del sistema.

A esto se suma la polémica por la presunta venta de licencias de conducir falsas, una práctica que, según los vecinos, se mantiene desde hace años dentro de la Secretaría de Seguridad y Transporte. "El Municipio se dedica más a recaudar que a prevenir", sintetizó un comerciante local.

Mientras tanto, crecen los escraches y las denuncias públicas contra funcionarios y empleados municipales, en un clima de tensión que se profundiza tras el golpe electoral y el enojo de una parte de la ciudadanía que se siente castigada por haber votado distinto.