Entre agosto y octubre de 2025 se realizó el Cuarto Relevamiento Territorial en el Partido de General Pueyrredon, que expone un panorama alarmante sobre las condiciones de vida en los barrios periféricos de Mar del Plata y Batán.

El estudio, elaborado en 18 zonas del distrito, muestra una profunda vulnerabilidad social marcada por la desocupación, la falta de cobertura médica y la dependencia de programas sociales.

El informe advierte que el 65 por ciento de las personas relevadas no tiene empleo, mientras que el 25 trabaja por cuenta propia y solo un 10 mantiene una relación de dependencia no formal. En un contexto de caída del consumo y dificultades para el comercio y el turismo, sectores claves para la economía local, la precariedad laboral se acentúa.

A pesar de ello, el 27 por ciento de los encuestados realizó algún curso o capacitación en oficios como enfermería, panadería o albañilería, buscando mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

En materia educativa, el 33 por ciento completó la primaria y apenas un 2 posee estudios superiores completos. En paralelo, la cobertura sanitaria sigue siendo un problema estructural: el 82 no cuenta con obra social y depende exclusivamente del sistema público.

Los controles médicos periódicos son escasos: el 64 por ciento de los encuestados fue atendido por última vez hace menos de 2 años, pero un 13 no concurre a un centro de salud desde hace más de una década.

Las prestaciones sociales son el principal sostén para gran parte de la población encuestada. El 63 por ciento recibe algún tipo de ayuda estatal, siendo la Asignación Universal por Hijo la más extendida (45), seguida por la Tarjeta Alimentar (31). El informe remarca que estos ingresos son muchas veces el único sustento para familias encabezadas por mujeres, que representan el 82 de los casos.

En las conclusiones, el relevamiento advierte que el vaciamiento de las políticas de asistencia nacional y municipal ha profundizado la vulnerabilidad. Los espacios sociocomunitarios, que deberían ser complementarios a la acción estatal, se han convertido en los principales sostenes ante la emergencia alimentaria.

El documento señala que estos centros son "el último eslabón de contención" para miles de familias que hoy viven en un contexto de creciente desigualdad y pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre jubilados y adultos mayores.