Desde la Municipalidad de Tres Arroyos denunciaron penalmente a dirigentes de La Libertad Avanza por el presunto uso político de datos vinculados a personas con discapacidad, a partir de chats adjudicados a Franca Grippo, concejal libertaria de Bahía Blanca.

El objetivo de la presentación es que la Justicia determine si se utilizó un padrón de Incluir Salud relacionado con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actividades de campaña, en un contexto donde esos registros están protegidos por ley y, según denuncian desde el gobierno local, el municipio no tenía acceso a esa información incluso cuando la necesitaba para asistir a vecinos que estaban en riesgo de perder su pensión.

La denuncia fue impulsada por Andrea Elgart, coordinadora del Área de Discapacidad del distrito, junto al secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, luego de la difusión de capturas de un grupo de WhatsApp que habría reunido a referentes libertarios de la sexta sección electoral.

En esos mensajes, Grippo señalaría que contaba con “el padrón de Incluir Salud de la sección dividido localidad por localidad para que puedan hacer territorio”, y remarcaba que era “información reservada” que no podía compartirse por medios virtuales, por lo que sería entregada en mano y en formato impreso.

Según relatan desde el municipio, los chats datan de junio de 2025 y se los vincula con la inauguración de un local partidario libertario en Tres Arroyos, en torno al 20 de junio de ese año.

Ese evento es señalado como un punto clave, ya que la denuncia busca establecer si dirigentes locales que participaron de esa actividad habrían tenido acceso al supuesto padrón, mientras el Estado municipal reclamaba datos para detectar y acompañar a personas citadas por auditorías nacionales de pensiones.

Elgart sostuvo que el planteo tiene un trasfondo concreto: durante ese período, el gobierno nacional impulsó auditorías de pensiones por discapacidad y se enviaron citaciones a domicilios que, en muchos casos, ya no correspondían a los beneficiarios.

Eso generó que muchas personas no se enteraran a tiempo de que debían presentar documentación médica para sostener la prestación, y terminaran perdiendo la pensión. En ese marco, desde el área municipal señalan que, como funcionarios públicos, no podían acceder a los padrones para buscar y orientar a vecinos en riesgo, mientras desde el espacio político denunciado sí se hablaba de esos datos para tareas territoriales.

La presentación judicial se realizó el 19 de enero ante la UFIJ número 16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, y quedó encuadrada en el artículo 157 bis del Código Penal, por la posible comisión del delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos sobre personas con discapacidad, con un agravante por la presunta participación de funcionarios públicos.

En la denuncia también se mencionan referentes libertarios del distrito y se pide que la investigación determine responsabilidades y posibles usos concretos de esa información. Consultado por el tema, el coordinador local de LLA, Alejandro Finocchio, sostuvo que no tiene ese chat y negó que Grippo haya brindado esos datos, a la vez que atribuyó la acusación a una maniobra política del gobierno municipal.

Grippo, señalada como coordinadora regional del armado libertario en la sexta sección y vinculada a la conducción partidaria provincial, no respondió consultas según lo publicado. El caso se suma a un escenario de tensión política y social atravesado por el debate sobre el abordaje de la discapacidad, los recortes y auditorías, y las denuncias sobre el funcionamiento de la ANDIS. Ahora, la clave pasará por lo que logre determinar la Justicia sobre si existió acceso a datos reservados, cómo se obtuvo esa información y si tuvo utilización proselitista.