El cierre del Autódromo de Avellaneda dejó más que portones bajos: abrió una pregunta urgente para los vecinos y para quienes sueñan con correr profesionalmente: ¿Dónde entrenarán los futuros pilotos si el lugar que funcionaba como pista y punto de encuentro comunitario ya no existe?.

Y, sobre todo, qué costo en vidas y seguridad tendrá esa mudanza de la pasión a la vereda.

Los datos más recientes muestran la dimensión del riesgo: en 2024 se registraron 4027 muertes por siniestros viales en la Argentina, y la velocidad junto al alcohol vuelven a aparecer como factores determinantes en la gravedad de los choques.

Aunque la tendencia general viene bajando desde 2018, las cifras siguen siendo una tragedia sostenida y plantean la necesidad de alternativas seguras para quienes buscan practicar deportes de motor.

La ley penaliza las carreras y pruebas de velocidad en la vía pública: el artículo 193 bis del Código Penal establece penas de seis meses a 3 años de prisión e inhabilitación para conducir para quienes organizan o participan en picadas no autorizadas.

En los últimos años la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Gobierno provincial desplegaron operativos interjurisdiccionales (controles de alcoholemia, secuestro de vehículos y acciones penales contra organizadores), pero las fuerzas de control no alcanzan a resolver el problema cuando falta un espacio habilitado donde aprender, fallar y mejorar sin poner en riesgo a terceros.

En Avellaneda (y en particular en Wilde) ese vacío ya dejó episodios de dolor: en 2024 un piloto de 17 años murió tras incendiarse su auto en el predio, un caso que reabrió el debate sobre controles, seguridad y la necesidad de espacios habilitados. Además del factor estrictamente deportivo, el autódromo funcionaba como un núcleo social y solidario para clubes y vecinos; cuando se baja la persiana también se deshilacha esa red comunitaria.

La evidencia, local e internacional, es clara: donde hay infraestructura, normas y formación baja el riesgo. En las rutas y autopistas argentinas casi la mitad de los accidentes fatales se explican por maniobras de sobrepaso o invasión de carril contrario, es decir por un uso inseguro de la vía pública que no se resolvería imponiendo multas pero sí puede mitigarse trasladando la práctica a entornos controlados.

Frente a ese panorama, el Partido Tiempo de Todos (por intermedio de su candidato a diputado provincial por la Tercera Sección, Sebastián Franco) presentó un plan para evitar que el cierre del autódromo empuje la velocidad a la esquina. El proyecto plantea, entre otras medidas, la creación de una mesa local permanente que articule Municipio, ANSV, Provincia y clubes/escuelas de automovilismo; el programa “Velocidad con reglas” con jornadas mensuales de pista abierta, licencia deportiva y simulacros; una aplicación estricta y selectiva del artículo 193 bis contra organizadores de picadas; y la publicación trimestral de datos abiertos municipales sobre lesionados y fallecidos con foco en velocidad y alcohol.

Cerrar un autódromo no puede ser tratado como política de seguridad vial: es, en los hechos, un parche que desplaza el problema a la calle. Si el objetivo es que los “Franco Colapinto” del mañana nazcan y se formen en Avellaneda, insisten desde el entorno del proyecto, la respuesta no está en sirenas y multas sino en pistas, cascos y escuelas.

La discusión ahora se traslada al Municipio y a la Provincia: ¿Habrá voluntad política para transformar ese reclamo en infraestructura y políticas públicas concretas, o la velocidad seguirá encontrando su salida en la vereda oscura y la recta improvisada?