Por Sebastián Franco

La provincia de Buenos Aires decidió sumar 7 mil civiles para manejar patrulleros, y el anuncio lo hizo el actual ministro de Seguridad, Javier Alonso.

La idea suena tentadora en el papel: liberar a los policías de la tarea de conducir para que puedan dedicarse a “controlar, detener y repeler ataques”.

Pero en la práctica, esta medida puede convertirse en una bomba de tiempo para quienes se sienten en el asiento del conductor… Y para toda la sociedad.

Civiles en la línea de fuego

No estamos hablando de manejar un colectivo escolar ni de un Uber. Un patrullero es un imán de balas en muchos barrios del conurbano. Poner a un civil, sin arma, sin chapa policial, pero con uniforme y a bordo de un móvil oficial, es exponerlo como carne de cañón.

“Un patrullero no es un auto cualquiera: es un blanco móvil. Subirse es poner tu vida en la línea de fuego”, alerta el abogado y activista Javier Miglino, referente de derechos humanos y director de la ONG Defendamos Buenos Aires.

Para Miglino, la capacitación de nueve semanas es apenas un simulacro de entrenamiento frente a la violencia real que se vive en las calles.

Curso exprés para una guerra real

El plan oficial contempla un curso intensivo de nueve semanas donde se enseña manejo, protocolos básicos y primeros auxilios. Parece poco para quien puede terminar escapando de una emboscada o manejando a toda velocidad con tiros de fondo.

“Una persecución o un tiroteo no es una escena de Netflix. Si el conductor entra en pánico, puede terminar muerto él, su compañero y hasta un inocente en la vereda”, sostiene un excomisario mayor retirado que prefirió hablar en off.

El otro agujero negro: el despilfarro de recursos

El debate no es solo humano: también es económico. En el depósito automotor de Lanús se acumulan patrulleros destruidos, chocados o canibalizados para repuestos. Muchos de esos vehículos nunca vuelven a las calles, lo que significa millones de pesos en pérdidas.

¿Tiene sentido poner civiles al volante, aumentar el desgaste de la flota y engrosar el cementerio de móviles oficiales? Cada patrullero destruido es un recurso que no patrulla, un agujero en el presupuesto y un mensaje de ineficiencia.

¿Quién se hace cargo si algo sale mal?

Otro punto caliente es el vacío legal: ¿quién responde si un civil resulta herido o muere durante un operativo? ¿Quién paga si hay un accidente en plena persecución? Desde el ministerio aseguran que tendrán ART y seguro de vida, pero no detallan protocolos de actuación ni garantías de cobertura total.

El riesgo es que estos conductores terminen siendo los fusibles de un sistema de seguridad colapsado. Y cuando algo explote, la culpa será de nadie.

Parche político o solución real

La movida de Alonso parece buscar mostrar más patrulleros en la calle ya, algo que da rédito político inmediato. Pero la pregunta es si esta es una estrategia seria o solo un parche desesperado. Muchos especialistas piden que se amplíe el plantel policial profesional o se forme a estos choferes con una currícula semipolicial, dándoles al menos armas no letales para defensa propia.

Porque si la política de seguridad se resume en poner voluntarios detrás del volante y gastar millones en patrulleros que terminan en un depósito oxidándose, la realidad puede terminar cobrándose vidas y recursos. Y cuando eso pase, será tarde para explicar que todo era “para mejorar la seguridad”.